Organizaciones criminales dedicadas a la producción y tráfico de cocaína están ampliando sus operaciones en la región amazónica conocida como ‘Tres Fronteras’, que abarca zonas limítrofes de Brasil, Colombia y Perú, según la ONG International Crisis Group.
En un informe titulado “Un problema de tres fronteras: restringiendo las fronteras criminales del Amazonas”, la organización con sede en Bruselas destaca que diversas bandas están aprovechando la débil presencia estatal, la abundancia de recursos naturales y la pobreza de las comunidades locales para expandirse y diversificar sus actividades delictivas en la mayor selva tropical del mundo.
El aumento de la producción de cocaína en Perú y la proliferación de otras actividades ilícitas, como la minería de oro y la tala ilegal, han atraído a numerosas organizaciones criminales que se han establecido en la región.
Según el informe, grupos criminales brasileños han formado alianzas con guerrillas colombianas y redes de narcotráfico peruanas, participando en actividades ilegales que van desde el cultivo de coca y su procesamiento en cocaína hasta la extracción de madera, la minería de oro y la pesca en áreas protegidas.
La creciente influencia de estos grupos en la región ha resultado en un alto número de asesinatos, muchos relacionados con disputas territoriales o castigos a las comunidades locales que resisten la invasión de sus tierras.
El informe subraya que Perú se ha convertido en un importante productor de cocaína, con plantaciones financiadas por colombianos y brasileños, y laboratorios que contaminan el suelo y el agua. Los beneficios del narcotráfico se reinvierten en otras actividades destructivas para el medio ambiente.
La ONG advierte que las comunidades indígenas están luchando para proteger sus territorios, pero carecen de apoyo estatal y de seguridad. Propone una respuesta conjunta de Brasil, Colombia y Perú, que incluya la estandarización de leyes ambientales y el uso de tecnologías como imágenes satelitales para detectar actividades ilegales.
Finalmente, insta a los órganos judiciales y policiales de estos países a organizar proyectos transfronterizos para aplicar leyes contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas, madera, oro y mercurio, y a implementar acciones sociales y económicas que impidan que los residentes locales sean reclutados por el crimen organizado.
17/07/2024
