La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe destacando la necesidad urgente de una «reforma profunda» en las políticas de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia. A pesar de una reducción en algunos indicadores de violencia en 2023, el informe señala que el control social y territorial ejercido por grupos armados y organizaciones criminales continúa vulnerando los derechos de la población civil en diversas regiones del país.
Christian Salazar Volkmann, director de la División de Operaciones sobre el Terreno y Cooperación Técnica de la Oficina en Colombia, enfatizó que el alto nivel de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario sigue siendo un factor crítico que perpetúa la violencia. A la luz de esto, saludó los progresos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la investigación de crímenes significativos del conflicto armado, incluyendo un nuevo caso macro sobre violencia de género lanzado en 2023.
La Oficina ha verificado 105 homicidios de defensores de derechos humanos en 2023 y recibió 98 alegaciones adicionales de homicidios en los primeros seis meses de 2024. Salazar señaló que esta violencia afecta especialmente a miembros de comunidades indígenas, afrodescendientes y activistas ambientales.
En respuesta a esta situación, la ONU ha ofrecido asistencia técnica al Ministerio del Interior en la elaboración de la Política Nacional de Garantías y subraya la importancia de que los líderes sociales y defensores participen activamente en el proceso de reforma del modelo de protección. Este llamado a una reforma integral busca mejorar efectivamente la seguridad y las condiciones de vida de los activistas y líderes en Colombia.
11/7/2024
