El Gobierno central junto al Gobierno de Canarias están promoviendo una reforma de la Ley de Extranjería para obligar a todas las comunidades autónomas a participar en el acogimiento de menores migrantes. Esta iniciativa surge como respuesta a la saturación de recursos en zonas como Canarias, donde la llegada de menores migrantes ha superado la capacidad de acogida, publica hoy el diario El Obrero.
Tras varios meses de negociaciones, ambos gobiernos han concluido un proyecto de ley que será presentado a los grupos políticos para su discusión en el Parlamento y posteriormente a las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial programada para la primera quincena de julio en Canarias.
Detalles de la propuesta de reforma:
La propuesta de reforma sugiere una modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para imponer un deber obligatorio a todas las comunidades autónomas de acoger menores migrantes cuando los recursos de acogida de una región superen el 150% de su capacidad. Este cambio legislativo también introduciría criterios de distribución basados en indicadores como el PIB y la población, acordados previamente en 2022.
Esta reforma responde a un compromiso asumido entre el PSOE y la Coalición Canaria que facilitó la investidura de Pedro Sánchez, y busca mejorar el mecanismo actual de distribución, que se basa en la solidaridad voluntaria y que hasta ahora no ha funcionado eficazmente.
Impacto en las comunidades autónomas:
El proyecto ha generado debate entre los partidos políticos y las autonomías, quienes deben implementar esta ley. Las comunidades autónomas han expresado preocupaciones sobre la falta de transparencia en la redacción del texto y la imposición unilateral de responsabilidades sin considerar las particularidades regionales ni garantizar financiación adecuada.
Apoyo político necesario:
El éxito de la medida depende críticamente del apoyo de los grupos parlamentarios, especialmente del PP, cuya posición aún no está clara. El PP, que gobierna en once comunidades y en coalición en otras, enfrenta la presión de Vox, que ha amenazado con revisar sus pactos de gobierno si el PP apoya la reforma.
Perspectivas de las organizaciones de derechos humanos:
Organizaciones como Acnur, Unicef España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han valorado positivamente la iniciativa, destacando la importancia de centrarse en el interés superior del menor. Subrayan la necesidad de un enfoque integral que respete los derechos de los menores desde su llegada y durante su posible redistribución.
Esta reforma representa un paso significativo hacia una gestión más equitativa y efectiva de la acogida de menores migrantes en España, reflejando la urgencia y la complejidad de la situación migratoria actual.
28/6/2024
