El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha extendido una invitación a las ciudades españolas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que se sumen a la investigación sobre anuncios de alquiler turístico ilegal iniciada a principios de junio. Esta investigación se centra en las viviendas que se promocionan en plataformas de alquiler sin contar con la licencia necesaria para operar como alojamientos turísticos.
La Dirección General de Consumo, reforzando el convenio existente con la FEMP para la protección de los consumidores, ha enviado una comunicación formal a esta federación proponiendo la colaboración de los municipios en esta causa. Este paso se produce tras los requerimientos previos enviados a las plataformas de alquiler turístico para identificar qué propiedades podrían estar violando la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, considerándose esta actividad como una práctica comercial desleal.
La campaña se enmarca dentro de las competencias sancionadoras que la Dirección General de Consumo posee desde el año 2022, advirtiendo que podría imponer sanciones severas por estas infracciones. Las multas podrían alcanzar hasta 100,000 euros o incluso cuadruplicarse, dependiendo del beneficio ilícito obtenido por las prácticas fraudulentas.
En su misiva a la FEMP, Consumo subraya la importancia del impacto de los alojamientos turísticos en el modelo de ciudad y la necesidad de una colaboración estrecha entre las distintas administraciones para asegurar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y mantener una competencia legal en un sector que afecta profundamente la habitabilidad urbana.
El Ministerio busca con esta iniciativa ampliar la red de colaboración municipal para efectivamente identificar y sancionar los alojamientos turísticos que operen fuera del marco legal, asegurando así la protección de los consumidores y la integridad del tejido urbano de las ciudades españolas.
27/6/2024
