Según un reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, el Gobierno de Nicaragua ha intensificado su control sobre el poder judicial, utilizándolo como una herramienta para llevar a cabo una campaña sistemática de represión contra la disidencia. Nada Al Nashif, la Alta Comisionada Adjunta, expuso esta situación durante su presentación ante el Consejo de Derechos Humanos.
Desde marzo, se han registrado 30 detenciones (incluyendo 5 mujeres y 25 hombres) en acciones que reflejan la represión del espacio cívico en Nicaragua. Actualmente, al menos 23 mujeres y 108 hombres siguen detenidos, enfrentándose a procesos judiciales que carecen de las garantías básicas para un juicio justo y debido proceso.

Al Nashif destacó que los detenidos, entre los que se encuentran opositores políticos, líderes indígenas, religiosos, académicos e intelectuales, están siendo mantenidos en condiciones carcelarias que describió como «inhumanas». Además, enfatizó que las prácticas de incomunicación y desaparición forzada observadas son consideradas violaciones graves de los derechos humanos y en algunos casos pueden equivaler a tortura.
Este informe resalta la urgencia de abordar la situación en Nicaragua, donde la manipulación del sistema judicial por parte del Gobierno ha erosionado gravemente el Estado de derecho, perpetuando un ciclo de represión y violencia contra aquellos que se oponen al régimen.
21/6/2024