En un mundo donde los conflictos alcanzan cifras no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, los hospitales emergen como baluartes críticos en el proceso de recuperación de las víctimas de violencia sexual. Este creciente número de conflictos ha obligado a 117 millones de personas a abandonar sus hogares, enfrentándose a un panorama donde el derecho internacional es frecuentemente ignorado y la proliferación de armas y la militarización exacerban la violencia sexual, poniendo en grave riesgo la seguridad de los civiles, incluidos los grupos más vulnerables.
Los centros sanitarios, esenciales para el sostenimiento de la vida en comunidades ya de por sí vulnerables, son blancos frecuentes de ataques, lo que elimina derechos fundamentales como el acceso a la salud. Esta situación complica aún más la capacidad de reportar incidentes y responder de manera segura, lo que afecta directamente a los supervivientes de violencia sexual relacionada con los conflictos, para quienes el acceso a servicios médicos adecuados y oportunos es vital.
La violencia sexual en contextos de conflicto tiene efectos devastadores a largo plazo, utilizada como táctica de guerra, tortura y terrorismo, impacta severamente la salud física, sexual, reproductiva y mental de las víctimas y erosiona el tejido social de las comunidades afectadas. Las mujeres y niñas, en particular, enfrentan formas extremadamente brutales de violencia sexual, y los grupos armados controlan a menudo el acceso a servicios médicos esenciales, dejando a muchas sin la posibilidad de buscar ayuda médica por miedo, estigmatización o la inseguridad imperante.
La destrucción de instalaciones sanitarias, el asesinato de trabajadores de la salud y las restricciones al acceso de ayuda humanitaria dificultan aún más la provisión de asistencia vital. La militarización de los hospitales convierte estas instituciones, destinadas al cuidado y la recuperación, en objetivos militares, poniendo en riesgo tanto a pacientes como a personal médico.
Según el derecho internacional humanitario, los hospitales están protegidos de los ataques, subrayando los principios de distinción y proporcionalidad. La financiación de la ayuda debe priorizar respuestas que se centren en los supervivientes, proporcionando servicios integrales de asistencia y facilitando el acceso a la justicia y la reintegración socioeconómica.
Además de las medidas de protección y asistencia médica, es imperativo asegurar un acceso seguro y equitativo a una educación inclusiva y de calidad, incluyendo la alfabetización digital para todos. Esto es crucial para empoderar a las víctimas y ayudarles a reintegrarse en la sociedad de manera digna y efectiva.
La cooperación internacional necesita reforzarse para contrarrestar el aumento de la violencia sexual y de género y el acoso, tanto en espacios físicos como digitales. Estos actos no solo constituyen una amenaza directa para las víctimas, sino que también debilitan la democracia al minar la participación activa de las mujeres y las niñas en la sociedad.
Por lo tanto, es vital unir esfuerzos y recursos para apoyar a las víctimas de violencia sexual en contextos de conflicto, proteger las infraestructuras sanitarias y asegurar que los hospitales continúen siendo refugios seguros de curación y esperanza. Así, reafirmamos nuestro compromiso global con la erradicación de la violencia sexual en los conflictos y con el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades afectadas a través de una respuesta integral y sostenida.
20/6/2024
