El Tribunal Supremo de España ha decidido mantener la orden de detención contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont, a pesar de que la ley de amnistía ha entrado en vigor el mismo día. Esta ley busca normalizar la situación política y social en Cataluña tras los eventos del proceso independentista, publican a través de Europapress, medios españoles.
El juez Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, ha pedido a la Fiscalía y a las defensas implicadas que informen sobre el impacto de la nueva ley en el caso de Puigdemont, que sigue en el extranjero y sobre quien pesa una orden nacional de detención. La policía ha sido informada de que la orden sigue activa.
Además, se ha otorgado un plazo de cinco días a las partes para que expresen cómo debería aplicarse esta nueva ley de amnistía, no solo en el caso de Puigdemont, sino también en otros casos pendientes relacionados con el intento de independencia de Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) también ha pedido a las partes involucradas en cinco causas relacionadas con el proceso independentista que se pronuncien sobre la aplicación de la amnistía, incluyendo los preparativos del referéndum del 1 de octubre y las condenas por desobediencia a los expresidentes Artur Mas y Quim Torra.
En este contexto, las defensas de los 37 acusados de ERC en el ‘procés’, incluido Oriol Junqueras, han presentado formalmente sus peticiones para que se aplique la ley de amnistía. ERC ha comunicado que la ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, aprobada el 30 de mayo por la mayoría del Congreso, ahora depende de los jueces y tribunales que manejan casos relacionados con el proceso independentista de Cataluña. Esta ley ha sido oficialmente implementada tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Con la entrada en vigor de esta ley, el proceso de aplicación queda en manos de diferentes instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, el Tribunal de Cuentas y numerosos juzgados y tribunales catalanes que tienen a su cargo más de 300 causas vinculadas al ‘procés’.
Esta situación subraya la complejidad del panorama judicial y político en España, donde la implementación de la ley de amnistía representa un paso significativo hacia la resolución de un conflicto prolongado, pero también plantea desafíos en cuanto a su interpretación y aplicación concreta en los casos pendientes. Los ojos están ahora puestos en cómo los tribunales equilibrarán las disposiciones de la nueva ley con las demandas de justicia y legalidad en un marco que sigue siendo altamente politizado y divisivo.
11/6/2024
