El órgano anticorrupción del Consejo de Europa, conocido como GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), ha emitido una evaluación negativa para España en su último informe anual. Según el presidente de GRECO, Marin Mrcela, España ha suspendido en la evaluación sobre las normas que regulan la conducta de los altos cargos del Gobierno y las fuerzas de seguridad.
En conversación con EFE, Marin Mrcêla indicó que las autoridades españolas han decidido no hacer públicas las nuevas reglas adoptadas el 1 de diciembre del año pasado, limitando así la posibilidad de comentar sobre su contenido. El principal motivo del suspenso radica en que España solo ha implementado de manera satisfactoria menos de dos tercios de las recomendaciones dirigidas a altos cargos y fuerzas del orden.
De las diez recomendaciones específicas para altos cargos, España ha aplicado parcialmente solo cuatro, mientras que de las nueve recomendaciones para las fuerzas del orden, solo tres han sido parcialmente implementadas. Comparativamente, en el conjunto de los 21 países del Consejo de Europa evaluados hasta finales de 2023, solo el 13 % ha cumplido totalmente y un 31.6 % parcialmente las recomendaciones sobre los altos cargos del Gobierno.
El informe también resalta que, al finalizar 2023, había 12 países, incluida España, que, al igual que Dinamarca, Finlandia, y otros, han aplicado menos de dos tercios de las recomendaciones para combatir la corrupción entre altos cargos y fuerzas del orden.
Además, el GRECO ha instado a varios países a adoptar o revisar códigos de conducta para clarificar las orientaciones sobre conflictos de intereses y ha sugerido que los marcos regulatorios sobre la integridad deberían extenderse no solo a los altos cargos administrativos, sino también a los ministros y sus asesores.
Otra recomendación del GRECO incluye precisar qué actividades secundarias pueden ejercer los altos cargos y cómo deben regularse su notificación o la demanda de autorización. En cuanto a la «puerta giratoria» entre cargos públicos y el sector privado, se propone un periodo de latencia de dos años para evitar conflictos de interés.
Finalmente, el GRECO ha identificado debilidades en las reglas sobre declaraciones de responsabilidad y sugiere extender la exigencia de estas declaraciones a las parejas y personas a cargo de los funcionarios, aunque estas informaciones no necesariamente deban hacerse públicas.
España tendrá que reportar internamente sobre los progresos realizados antes del 31 de diciembre a este organismo clave en la lucha contra la corrupción.
30/5/2024
