El Gobierno de España, liderado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional impugnando la derogación de la ley de memoria democrática en Aragón. Esta medida, llevada a cabo por el gobierno autonómico de PP-Vox, fue oficialmente rechazada el pasado 29 de febrero, lo cual ha generado un considerable debate político y legal.
En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, tanto Torres como la aragonesa Pilar Alegría subrayaron que la decisión del gobierno central se sustenta en informes favorables del Consejo de Estado y de relatores de la ONU, los cuales afirman que la derogación atenta contra el deber de memoria reconocido por el derecho internacional público.
El ministro Torres destacó las implicaciones de la derogación aragonesa, incluyendo la eliminación de placas en lugares de memoria y de contenidos educativos sobre la reparación de las víctimas del franquismo. Según el Gobierno de Sánchez, este acto no solo desatiende el principio de colaboración estatal sino que también obstaculiza el trabajo de asociaciones memorialistas y la propia transparencia.
Por su parte, la vicepresidenta segunda de Aragón, Mar Vaquero, defendió la legalidad de la medida adoptada por su gobierno, argumentando que cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo de Aragón y acusando al ejecutivo central de promover una «política de confrontación».
Este conflicto subraya una división más profunda sobre la interpretación y aplicación de la memoria histórica en España, poniendo de relieve las tensiones entre los niveles gubernamentales estatal y autonómico.
28/5/2024
