Este martes, el Congreso de los Diputados decidirá si inicia la tramitación de una iniciativa legislativa presentada por el PSOE que busca penalizar tanto el proxenetismo en todas sus formas como el pago por servicios sexuales. Esta propuesta, que ya se discutió en la pasada legislatura obteniendo apoyo inicial del Partido Popular, no culminó su tramitación y se enfrenta ahora a un nuevo debate.
Legislar sobre la prostitución ha demostrado ser un tema complejo debido a las divergentes perspectivas de los grupos parlamentarios y la falta de consenso incluso dentro del movimiento feminista. La propuesta ha generado división entre los socios parlamentarios del PSOE, dejando al PP como un actor crucial cuya posición aún no se ha clarificado y que podría determinar el futuro de la iniciativa.
La propuesta del PSOE pretende modificar el artículo 187 del Código Penal para imponer sanciones de prisión y multas a quienes promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de otra persona con ánimo de lucro. También busca castigar la tercería locativa, es decir, la obtención de beneficios por proporcionar espacios para la prostitución, incluso con el consentimiento de la persona prostituida.
Además, introduce una novedad al proponer sanciones económicas para los clientes de servicios sexuales, con penas más severas si la persona prostituida es menor de edad o se encuentra en situación de vulnerabilidad. La iniciativa asegura que la persona en situación de prostitución no será sancionada y promueve que tenga acceso a los derechos y atenciones establecidos en el Estatuto de la víctima del delito y la ley del «sólo sí es sí».
Las discrepancias entre los partidos políticos se hicieron evidentes en la votación anterior, donde ERC y los comunes votaron en contra, mientras que PNV y Bildu se abstuvieron. Sumar aún no ha definido su posición de voto para esta ocasión, y Bildu ha expresado críticas hacia la propuesta, sugiriendo que la motivación del PSOE podría ser más electoralista que comprometida con el cambio.
La situación presenta un desafío para el PSOE, que busca avanzar en su agenda abolicionista, mientras que el panorama político muestra la complejidad de alcanzar un consenso sobre un tema tan delicado y dividido. 21/5/2024
