Este martes, el Senado dará el paso final para vetar la ley de amnistía en un contexto marcado por intensos debates postelectorales en Cataluña. Se espera que el Partido Popular (PP), que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, rechace la proposición legislativa y la remita de vuelta al Congreso. La fecha tentativa para la aprobación definitiva oscilaría entre finales de mayo y mediados de junio.
La ley de amnistía, que lleva dos meses en trámite, será sometida a votación en el Senado este martes. Basándose en un informe de los letrados de la Comisión Constitucional, se denunciará su inconstitucionalidad por entrar en conflicto con la estructura jurídica de la Unión Europea y por vulnerar principios y derechos fundamentales de la Constitución española.
Los senadores discutirán el dictamen de inconstitucionalidad, y tras probablemente respaldar el veto, la propuesta será enviada nuevamente al Congreso. Sin embargo, esto no implica que la ley será desestimada definitivamente. El Congreso podría revocar el veto mediante una mayoría absoluta o, en su defecto, por mayoría simple en una segunda votación. Con el apoyo ya obtenido en marzo de sus socios de investidura, es previsible que la ley sea finalmente aprobada.
Una vez ratificada, la ley será enviada al presidente del Gobierno para su sanción y promulgación por el rey, culminando su proceso con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su entrada en vigor. Posteriormente, será aplicada individualmente por los jueces a cada caso relacionado con el ‘procés’.
Actualmente, el calendario para la aprobación definitiva de la ley de amnistía sigue siendo incierto, influenciado potencialmente por las recientes elecciones en Cataluña y la posibilidad de que Carles Puigdemont se postule para la investidura. Este proceso coincidirá también con las elecciones europeas y el inicio de la campaña electoral correspondiente.
Paralelamente, el Senado ha solicitado al Congreso que reconsidere la proposición de ley, calificándola como una «reforma encubierta» de la Constitución. Este requerimiento ha sido rechazado por el Congreso, pero el Senado insiste en que sea el pleno y no la Mesa quien tome la decisión final sobre este asunto.
En este contexto, el PP podría elevar este conflicto de competencias al Tribunal Constitucional una vez que la ley de amnistía sea aprobada definitivamente, marcando un precedente en las relaciones institucionales entre las cámaras parlamentarias.
14/5/2024
