El Gobierno ha evaluado un informe sobre el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos en relación con la memoria histórica, tras recibir observaciones de los relatores de la ONU respecto a las leyes promovidas en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, informó en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que se iniciará un diálogo con Aragón bajo el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para revisar su nueva ley que anula la normativa previa sobre memoria democrática. En caso de que Aragón decline negociar, el Gobierno recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional.
Torres también comunicó esta decisión a los líderes parlamentarios y gubernamentales de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
Recordó que, el pasado 2 de abril, el Consejo de Ministros había analizado las intenciones de estas comunidades de derogar la legislación sobre memoria democrática y había informado tanto a la ONU como al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.
El 3 de mayo, la ONU envió al Gobierno español un informe sobre la ley de Aragón y las propuestas de leyes de «concordia» en trámite en Castilla y León y la Comunidad Valenciana. El informe señalaba que estas leyes comprometen los compromisos del Estado en materia de derechos humanos, invisibilizan a las víctimas del franquismo y confunden un periodo totalitario con uno democrático.
El documento de la ONU, firmado unánimemente por tres relatores, indica que estas leyes impiden la divulgación de material gráfico y documentos de exhumaciones, no reconocen ayudas a entidades no lucrativas para actividades de memoria histórica y, en algunos casos, eliminan registros de fosas comunes y actividades para localizar e identificar a desaparecidos.
7/5/2024
