El Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, ha destacado este miércoles la importancia de que los consumidores sean conscientes de las implicaciones de sus compras, especialmente en contextos donde puedan estar financiando violaciones de derechos humanos. Esta declaración se produce en un momento crítico, coincidiendo con el anuncio de su Ministerio sobre el envío de cartas a empresas españolas con operaciones en Israel, instándolas a tomar medidas que prevengan contribuir al conflicto en los territorios palestinos ocupados, incluida la Franja de Gaza.
La iniciativa del Ministerio busca asegurar que las actividades empresariales no solo se abstengan de violar los derechos humanos, sino que además, no exacerben la situación delicada en la región. Bustinduy enfatizó la responsabilidad de las empresas de informar tanto al Gobierno como a los consumidores en España sobre las acciones que están tomando para mitigar cualquier impacto negativo derivado de sus operaciones.
«Es esencial que actuemos en conformidad con el derecho internacional y los objetivos de desarrollo sostenible», afirmó Bustinduy, haciendo referencia a la reciente instigación de la Corte Internacional de Justicia que, hace tres meses, urgió a los Estados a tomar medidas necesarias para prevenir y detener actos de genocidio.
El conflicto en la región se intensificó después de un ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, que resultó en la muerte de 1,200 personas y el secuestro de otras 250. La respuesta militar de Israel ha sido devastadora, con cerca de 35,000 muertos y más de 78,000 heridos hasta la fecha, según datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamás.
En su comunicación, el Ministerio también ha recordado a las empresas la orden de la Corte Internacional de Justicia del 26 de enero, que exige a Israel tomar medidas efectivas inmediatamente para impedir el genocidio en Gaza. Se citan además resoluciones relevantes del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que instan a los Estados a prevenir que las empresas en territorio israelí cometan o contribuyan a violaciones graves de derechos humanos.
Esta acción se alinea con las preocupaciones expresadas por el embajador palestino en España, Husni Abdel Wahed, quien en una reciente reunión con el ministro, destacó la implicación de empresas europeas en actividades que afectan directa o indirectamente los territorios ocupados.
El Gobierno español, mediante estas acciones, se posiciona como un actor comprometido en la protección de los derechos humanos y el cumplimiento del derecho internacional, esperando que la transparencia y la responsabilidad corporativa sean la norma en el contexto de negocios internacionales.
8/5/2024
