El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha advertido que las amenazas de «represalias» contra el Tribunal y su personal socavan su «independencia e imparcialidad», y que podrían ser consideradas como delitos contra la administración de justicia.
Esta advertencia se produce después de que el presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, calificara como “vergonzosas” e “ilegales” las supuestas órdenes de arresto contra funcionarios israelíes que la CPI estaría preparando. Israel también ha criticado estas posibles acciones, describiéndolas como «crímenes de odio antisemita» y «un abuso». En respuesta, algunos legisladores republicanos están considerando medidas legislativas en represalia contra el Tribunal.
La CPI, con sede en La Haya, investiga desde 2014 presuntos crímenes de guerra cometidos tanto por las fuerzas militares de Israel como por las milicias de Hamás en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza. El tratado de la CPI prohíbe represalias contra sus funcionarios, así como cualquier intento de impedir, intimidar o corromper a sus empleados.
Khan ha exigido que cesen de inmediato todos los intentos de intimidar a la CPI, advirtiendo que tales acciones pueden constituir delitos bajo el artículo 70 del Estatuto de Roma. En un comunicado, Khan enfatizó la necesidad de que la CPI opere con independencia e imparcialidad, y señaló que las amenazas a la Corte o a su personal en el cumplimiento de su mandato afectan esta independencia.
Recientemente, se ha especulado sobre posibles órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y otros altos funcionarios por su papel en Gaza. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido confirmadas por la CPI. Aunque la Corte cuenta con 124 miembros, ni Israel ni EE. UU. reconocen su jurisdicción sobre los territorios palestinos, lo que limita la efectividad de cualquier posible orden de arresto.
En el contexto del conflicto en Gaza, que lleva 207 días, el número oficial de muertos supera los 34.500, según el Gobierno gazatí, con un 75% de víctimas siendo mujeres y niños. La ONU ha acusado a Israel de cometer crímenes de guerra en el enclave al privar a la población civil de alimentos.
4/5/2024
