El Consejo de ministros de España ha aprobado un nuevo Real Decreto que regula las actividades de los influencers en el país, categorizándolos como «usuarios de especial relevancia». Esta legislación impone responsabilidades y obligaciones legales específicas a estos creadores de contenido, especialmente en sus interacciones con el público y con un enfoque significativo en la protección de los menores de edad.
La iniciativa surge en respuesta a la creciente influencia de estos perfiles en la sociedad y forma parte de un esfuerzo más amplio por adaptar la legislación nacional a los cambios recientes en la protección al consumidor impulsados por la Unión Europea. Esta normativa puede considerarse una extensión de la Ley de Mercados Digitales y apunta a unificar los estándares de transparencia y responsabilidad entre los medios digitales y tradicionales.

La «Ley de Influencers», como se ha empezado a llamar, especifica que para ser clasificado como tal bajo el nuevo decreto, un creador de contenido debe alcanzar ciertos umbrales: más de 300.000 euros en ingresos anuales derivados de su actividad, un millón de seguidores en una plataforma de video o dos millones en total, y un mínimo de 24 vídeos publicados al año. Estos criterios dejan fuera a una gran mayoría de los usuarios que actualmente poseen la insignia de verificado en plataformas como Instagram o Twitter.
Entre las obligaciones que estos influencers deben cumplir destacan la identificación clara de los contenidos publicitarios, la prohibición de publicidad de tabaco y productos farmacéuticos, y regulaciones estrictas en la publicidad de alcohol y juegos de azar, incluyendo restricciones horarias específicas para la promoción de bebidas alcohólicas según su graduación. Además, se prohíbe la publicidad de casas de apuestas y juegos de azar dirigida a menores de edad. Para facilitar la adaptación a estos cambios, el Gobierno también ha establecido una plataforma online donde los influencers que cumplan con estos requisitos deben registrarse.
1/5/2024