Sudáfrica se enfrenta a críticas por parte de ONGs debido a su nueva ley de inteligencia, que actualmente se revisa en el Consejo Nacional de las Provincias para su posible finalización antes del término de esta legislatura. La ley, que designa las instalaciones del radiodifusor público SABC como «infraestructuras críticas», impone controles de seguridad a quienes accedan a áreas críticas, una medida que los grupos civiles temen que se aplique injustamente a los periodistas.
La preocupación principal reside en la posibilidad de que los controles de seguridad se utilicen para comprometer la integridad periodística y la confidencialidad de las fuentes. Jane Duncan, profesora de la Universidad de Glasgow, argumenta que los periodistas deberían estar explícitamente excluidos de las pruebas de habilitación de seguridad para proteger la libertad de prensa, evitando así el uso indebido de la legislación para fines de espionaje.
Expertos, como el profesor de derecho Pierre de Vos, advierten que el proyecto de ley podría permitir un uso excesivo de la vigilancia, expandiendo las categorías de personas sometidas a control y otorgando poderes ambiguos y amplios a las autoridades. Este cambio refleja una visión del gobierno sobre la «seguridad nacional» que muchos consideran peligrosamente expansiva y susceptible de abuso.
La controversia se intensifica al recordar los disturbios de julio de 2021, los peores en la historia post-apartheid de Sudáfrica, que resultaron en más de 350 muertes y daños significativos. Estos eventos subrayan las preocupaciones sobre cómo una ley de inteligencia ampliada podría ser explotada bajo circunstancias extremas, poniendo en riesgo los derechos civiles y la libertad de expresión en un contexto ya tenso.
24/4/2024
