Una investigación llevada a cabo por la Guardia Civil española ha sacado a la luz una presunta trama de corrupción vinculada a altos cargos del Gobierno en relación con la adquisición de mascarillas durante la pandemia, tras las 14 detenciones realizadas el pasado martes. Esta revelación ha generado una gran conmoción dentro del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), particularmente para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y figura influyente en la formación, ya que su antiguo asesor, Koldo García, desempeñó un papel central en el caso, que está siendo investigado por la Audiencia Nacional.
En este sentido, según informaciones reveladas este viernes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por esta trama en septiembre de 2023 después de una investigación secreta que duró un año y medio. El documento detalla los hallazgos de una investigación coordinada entre la Fiscalía y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, iniciada a raíz de una denuncia presentada por el Partido Popular en marzo de 2022. Así pues, la querella señala que Koldo García fue el encargado de intermediar entre las instituciones públicas y la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas S.L., para obtener ocho contratos de venta de mascarillas por un valor de 54 millones de euros. Los órganos adjudicadores estarían vinculados con el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior, así como con los gobiernos de Canarias y Baleares.
Asimismo, a cambio de su mediación, García habría obtenido un significativo aumento patrimonial que intentó ocultar con la ayuda de su familia. Aunque la investigación judicial está en sus inicios, el documento elaborado por el fiscal Luis Pastor proporciona datos importantes sobre el funcionamiento de esta trama: contratos, entidades públicas, personas implicadas y la estructura de la empresa que se benefició de todo ello.
Las adjudicaciones: ¿cómo se enteraban las entidades implicadas de las necesidades del ministerio?
En cuanto a las adjudicaciones, la información se obtenía a partir de Koldo García, asesor del entonces ministro José Luis Ábalos como ya comentamos, quien por el contexto de emergencia sanitaria tenía el poder de firmar contratos «de carácter urgente» para adquirir material y los recursos necesarios. Así pues, «parece evidenciarse» que hubo un acuerdo previo entre las empresas y la Administración Pública, según señala el documento.
En esta línea, García informaba a la entidad sobre las necesidades del Ministerio de Transportes, lo que permitía a la empresa preparar previamente la documentación para los contratos de manera anticipada.
Por otra parte, también se ha averiguado que García también formaba parte del Consejo Rector de Puertos del Estado, entidad que firmó uno de los contratos beneficiarios. Además, el Ministerio del Interior también adjudicó contratos como consecuencia de las decisiones del Ministerio de Transportes, según la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Con esto, se abren varias narrativas y posibilidades ante la opinión pública, en cuanto a los políticos que podrían haber estado vinculados en los movimientos entre el Ministerio de Transportes y las entidades beneficiadas.
25-02-2024
