La pandemia del coronavirus ha sido, sin duda, una tragedia global que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de gobiernos y organizaciones de la comunidad internacional. No obstante, detrás de la urgencia por equipamiento sanitario se ha gestado lo que ahora conocemos como la ‘Operación Delorme’; un operativo ha marcado por la adjudicación directa y sin concurso público de más de 25.000 contratos de emergencia, creando un escenario fértil para presuntos aprovechamientos y prácticas cuestionables.
En este sentido, la necesidad inmediata de elementos esenciales como mascarillas, geles hidroalcohólicos y respiradores se convirtió en el punto débil de la administración, facilitando un proceso de adjudicación simplificado que, en muchos casos, se cerraba con una simple conversación. Así pues, la estructura legal que sustenta estos contratos emergentes está diseñada para situaciones catastróficas, donde la rapidez es clave. Sin embargo, surge la incertidumbre sobre la efectividad de los controles implementados, pues, aunque los equipos de técnicos y funcionarios se encargaban de gestionar estas adquisiciones de emergencia, persiste la pregunta sobre si se logró realmente la agilidad deseada o si se abrieron puertas a la corrupción.
Además, la implicación de intermediarios en estos contratos agrega otra capa de complejidad. A este respecto, a pesar de que se esperaba que los costes adicionales fueran asumidos por las empresas, la realidad mostró una línea borrosa entre lo público y lo privado en numerosas ocasiones. Este fenómeno, lejos de ser una excepción, se convirtió en la norma durante los momentos críticos de la pandemia, con más de 6.400 millones de euros en juego por parte de la administración pública.
Con esto, el reciente “caso mascarillas “donde se ha condenado a los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, los cuales habían inflado los precios de mascarillas, guantes y test de Covid de forma desorbitada para obtener comisiones que ascendieron a 6 millones de euros, es tan solo la punta del iceberg en la ‘Operación Delorme’. Se evidencia que no ha sido un incidente aislado, sino que se trata de un sistema de adjudicaciones que, bajo el pretexto de la urgencia, pudo haber sacrificado principios legales y éticos.
22-02-2024
