Alrededor del 13% de la población de Ripoll, unos 10.600 habitantes, nació en el extranjero, según estadísticas del gobierno catalán.
El municipio español de Ripoll (Gerona – Cataluña) está siendo el foco de atención de aquellos interesados en temas de derechos humanos y derechos de los inmigrantes. Esto se debe a que obtener el padrón se ha convertido en una misión imposible bajo el mandato de la alcaldesa actual.
En un intento por disuadir a los extranjeros de establecerse en el municipio, la alcaldesa de extrema derecha de «Aliança Catalana», Sílvia Orriols, está cumpliendo su promesa electoral de negar el empadronamiento a personas extranjeras, a pesar de ser inconstitucional.
El empadronamiento, un derecho protegido por la Constitución española, permite a los ciudadanos o extranjeros acceder a varios servicios sociales. Sin embargo, la administración de Ripoll dificulta los trámites y sume a sus nuevos vecinos en una enorme situación de vulnerabilidad.
Según ha podido saber Marruecom.com de sus fuentes, cada vez son más las familias de migrantes afectadas por esta restricción, incluyendo familias marroquíes. Estas familias denuncian el rechazo y la ralentización en el proceso de empadronamiento a las ONGs.
Las fuentes consultadas por Marruecom subrayan que este rechazo es un claro ejemplo de discriminación y exclusión, y va en contra de los principios fundamentales de los derechos humanos, la igualdad y la justicia social. Los marroquíes, una comunidad muy importante en este municipio, añaden nuestras fuentes, se enfrentan a la difícil situación de no poder acceder a servicios médicos básicos, mientras sus hijos enfrentan el peligro de la desescolarización.
Afirman que los procedimientos en ningún caso deben superar los tres meses de espera para aprobar o denegar las solicitudes.
Añaden que algunas familias se han visto obligadas a mudarse a otros municipios, mientras que otras permanecen a la espera para acceder a sus derechos más básicos.
La radicalización de esta misma alcaldesa la ha llevado a lanzar una campaña para eliminar los menús halal de las escuelas públicas, a pesar de la gran comunidad musulmana en el municipio.
La controvertida propuesta de la alcaldesa de Ripoll consiste en garantizar que toda la carne servida en los colegios provenga de animales sacrificados tras ser sedados o aturdidos.
La Unión Europea entra en escena
Estos gestos hostiles hacia los inmigrantes tuvieron repercusión en la Comisión Europea, llevándola a plantearse preguntar a España sobre este caso. «Es necesario recopilar más información para tener una mejor visión general de la situación en juego. La Comisión se pondrá en contacto con las autoridades españolas para recabar más detalles», explicó la semana pasada la portavoz de Interior de la Comisión Europea, Anitta Hipper.
La misma fuente recuerda que para garantizar que no se socaven las directivas sobre inmigración legal, los gobiernos deben garantizar el acceso de los migrantes a todos los procedimientos y trámites pertinentes aplicables a la concesión de los permisos de residencia necesarios.
Por: Soufiane Ben Lazaar
01-02-2024
