
En un acuerdo histórico, pero que también podría tener un profundo impacto en la política española, el PSOE y Junts han anunciado un pacto para desarrollar una ley de amnistía que abarcará el período comprendido entre 2012 y 2023. Este pacto, firmado en Bruselas por Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, y Jordi Turull, secretario general de Junts, reconoce las «profundas discrepancias» entre ambas formaciones, pero demuestra su voluntad de superar obstáculos y complejidades en el camino hacia la investidura y la legislatura de Pedro Sánchez.
El elemento más destacado de este acuerdo es la propuesta de una ley de amnistía que abarcará un amplio espectro de personas, tanto responsables como ciudadanos que se vieron envueltos en decisiones judiciales relacionadas con el ‘procés’ y la denominada ‘lawfare’. La ‘lawfare’ se refiere al uso abusivo de la justicia con fines políticos. Esta medida es una respuesta a las preocupaciones expresadas por Junts, que ha denunciado un «uso estratégico de las leyes» para perjudicar a disidentes.
El acuerdo no menciona nombres específicos, lo que abre la puerta a la inclusión de personas involucradas en casos que van más allá del proceso independentista, como la presidenta de Junts, Laura Borrás, o el colaborador del expresidente catalán, Carles Puigdemont, José Luis Alay, y el abogado del expresidente, Gonzalo Boye, quienes enfrentan acusaciones diferentes a las relacionadas con el ‘procés’.
En el ámbito de la autodeterminación de Cataluña, el pacto también aborda una cuestión altamente sensible. Junts propone la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defiende el amplio desarrollo del Estatut de 2006 y el respeto a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña.
Otro aspecto relevante del acuerdo es la inclusión de un «mecanismo internacional» que supervisará y verificará el proceso de negociación y los acuerdos alcanzados. Esta medida garantiza transparencia y equidad en las discusiones en un tema tan delicado como la situación en Cataluña.
En lo que respecta a las demandas económicas, Junts ha planteado la petición de la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña a la Generalitat. Esto establece un escenario desafiante para las negociaciones futuras, ya que el acuerdo condiciona la estabilidad de la legislatura a los avances en las negociaciones sobre varios temas, incluida la financiación autonómica.
El acuerdo entre el PSOE y Junts va más allá de asegurar la investidura de Pedro Sánchez, ya que también se compromete a garantizar la estabilidad de la legislatura, pero sujeto a los avances en la negociación, en una línea similar al acuerdo alcanzado con ERC. Este pacto podría tener un impacto duradero en la política española y en la relación entre el Gobierno central y Cataluña. Sin embargo, queda por verse cómo se desarrollarán las negociaciones futuras y si se lograrán acuerdos concretos en estos temas cruciales.
Por: Soufiane Ben Lazaar
09-11-2023









