Los oradores en una audiencia pública, celebrada el martes en el Parlamento Europeo (PE) en Bruselas, señalaron la situación de los derechos humanos en Argelia, que atraviesa uno de sus peores momentos, obstinado por el Estado argelino en amordazar las libertades y sofocar todas las voces contrarias.
Durante esta sesión, celebrada en asociación con la delegación para las relaciones con los países del Magreb sobre el tema «La situación de los derechos humanos en Argelia en el marco de la renovada asociación con la vecindad del sur», los participantes constataron que los actores civiles y activistas de derechos humanos en Argelia se enfrentan, más que nunca, a múltiples formas de represión practicadas por las autoridades, que no dudan en encarcelarlas y disolver sus entidades al margen de cualquier marco legal.
Hablando al respecto, Dalia Ghanem, experta en asuntos argelinos, indicó que las autoridades de este país están tratando de asfixiar a las organizaciones de la sociedad civil activas en la defensa de los derechos humanos, mediante la explotación de mecanismos en apariencia legal.
Por ejemplo, el Estado argelino aprovechó el contexto de la pandemia de covid-19 para aplicar medidas coercitivas destinadas a controlar y amordazar a la sociedad civil.
Hoy, la oposición en Argelia es una oposición formal, incapaz de actuar libremente porque está restringida y puesta bajo control permanente, lamentó, y señaló que el actual presidente, quien sin embargo expresó, en el momento de su acceso al poder, su deseo de comprometerse en un diálogo constructivo con los líderes de la oposición, se apresuró a cambiar de política y a mostrarse intolerante con las voces opositoras.
Como resultado, unas 300 personas fueron encarceladas por sus opiniones políticas, agregó.
Por su parte, Said Salhi, activista y vicepresidente de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos (LADDH), disuelta por decisión judicial, afirmó que la situación de los derechos humanos se ha deteriorado mucho desde 2019, lo que se refleja en la represión de “Hirak”, el movimiento de protesta pacífica a favor de la democracia, así como en el dominio del espacio civil y el retroceso de las libertades.
Además, las autoridades han endurecido el marco legal, allanando el camino para el uso de cargos relacionados con el terrorismo contra todas las voces de la oposición, dijo.
Así, en los últimos años se han adoptado varios textos legales con miras a convertir en ilegal cualquier acción política y civil libre e independiente, recordó el activista de derechos humanos, citando en este contexto la reciente reforma del artículo 87 bis del código penal relativo al terrorismo, un cambio introducido para reforzar la política de aumento de la represión, sabiendo que las reuniones pacíficas están prohibidas desde marzo de 2021 y que las marchas de Hirak se consideran actividades delictivas.
22-03-2023
