El Defensor del Pueblo, que tiene como principal misión proteger y defender los derechos y libertades de los ciudadanos españoles en relación con los abusos que pudiera cometer la Administración, ha cerrado su investigación sobre la tragedia de Melilla del mes de junio de 2022 en la frontera que separa la ciudad de Marruecos.
El organismo concluyó que las 480 devoluciones que se produjeron ese día fueron “ilegales”. La conclusión del Defensor del Pueblo español sigue siendo «contraria a las del Ministerio del Interior, que siempre ha defendido la legalidad de las devoluciones, y a las del Ministerio Público, que apoyó la actuación de los agentes españoles durante las devoluciones», escribe «El País».
Las devoluciones en caliente realizadas ese día fueron una de las cuestiones clave a la hora de analizar cómo manejó la Guardia Civil el intento de entrada de cientos de personas migrantes y refugiadas por el puesto fronterizo del Barrio Chino. Tras la avalancha mortal que se produjo en el interior del recinto, varios centenares de personas consiguieron entrar en la Ciudad Autónoma, aunque fueron contenidas y retenidas por los agentes españoles. 480 personas fueron enviadas de regreso a Marruecos.
Desde la tragedia, el Defensor del Pueblo, ha sostenido que las devoluciones “no fueron conformes a derecho” y recomendó la redacción urgente de un reglamento para que las devoluciones estén sujetas a control judicial completo y que cumplen con las obligaciones internacionales de España. Recomendaciones rechazadas por el Ministerio del Interior español.
Aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ha asumido la legalidad de estas devoluciones, el Tribunal Constitucional impone ciertos límites a su ejecución, se recuerda, citando en particular que se debe tener en cuenta la vulnerabilidad de la persona a devolver, que garantiza una protección especial a los menores, las mujeres y los enfermos o ancianos.
15-03-2023
