El Defensor del Pueblo, autoridad independiente encargada de la defensa de los derechos y libertades de las personas en España, se hizo cargo del caso de los 57 menores marroquíes, que llegaron a Ceuta en mayo de 2021 y que fueron devueltos a Marruecos el pasado agosto «contra su voluntad y sin poder ser oídos».
Esta institución, recabará información del Ministerio del Interior español, objeto de una denuncia sobre esta expulsión colectiva. Se trata de examinar la forma en que se tomó esta decisión, pero también de conocer cómo se vulneraron los derechos de estas personas.
El defensor del pueblo español, considera, tras revisar la sentencia del juzgado administrativo n°1 de Ceuta, que la expulsión se produjo “sin respetar los trámites exigidos en un expediente de repatriación”. Lamentó, entre otras cosas, la ausencia de informes sobre la situación familiar de estos menores que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser escuchados.
Los 57 niños se encontraban entre los 2.000 menores migrantes marroquíes que llegaron a Ceuta en mayo de 2021. Fueron expulsados el pasado mes de agosto, en el marco de una operación liderada por el Ministerio del Interior español. A mediados de febrero, el juez de instrucción de Ceuta ordenó la devolución a España de un grupo de 14 de ellos. El magistrado español consideró que no se respetó el procedimiento legal y que se vulneró el derecho fundamental a la integridad física y moral de los menores.
“No hubo apertura de diligencias, ni pedido de informe, ni diligencia de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución aceptando la repatriación de los menores, es decir que no hubo ni rastro de expediente de repatriación”, había argumentado el juez en su sentencia.
23-02-2022
