Por: Younes Mjahed
Traducido por: Khadija Taouil
14-12-2021
Las llamadas campañas de solidaridad con » el pueblo saharaui» siguen en su trayectoria diseñada tanto por los consejos regionales como por los gobiernos locales en España a través de organizar manifestaciones, encuentros, seminarios y fiestas en todo el territorio de este Estado con el fin de promover el discurso hostil que se opone a la integridad territorial de Marruecos.
Como es bien sabido, los responsables que mandan en estas instituciones electas son los varios partidos políticos que se dividen en los que forman parte del gobierno por una parte y los que están del lado de la oposición. No obstante, todos comparten una fe profundamente gravada que se traduce en la programación de varias actividades y grandes financiamientos dirigidos a ofrecer un abanico de posibilidades ante los separatistas para difundir su propaganda, ganar empatía y ofender por lo tanto a Marruecos señalándole como «país colonizador» que ejerce una política «colonialista» sobre un pueblo
oprimido.
Dichas instituciones suelen recurrir a todos los medios propagandísticos conocidos; haciendo uso de importantes recursos incluidos las fotos, las películas, las historias y los testimonios que envuelven contenidos fraudulentos; aprovechándose de los principios de los derechos humanos y las cuestiones de la infancia y la mujer entre varias técnicas y estilos propios de la propaganda.
Si bien, lo que más atrae la atención en este sentido es la ausencia absoluta del punto de vista marroquí; de modo que sólo se refieren a una única línea. Cosa que los separatistas repiten bajo tutela del Estado argelino. El mismo discurso ha sido adoptado desesperadamente por los partidos políticos españoles y reflejado en sus actuaciones y manifestaciones organizadas por las instituciones electas con el dinero de los pagadores de impuestos, es decir con los fondos públicos del Estado español.
Es posible contabilizar la enorme cantidad de dinero público que gastan estas instituciones siendo parte del Estado español desde finales del siglo pasado en favor de la dicha propaganda de los separatistas. Así, vemos cómo ello ha costado a España fondos considerables que se han gastado en proporcionar el discurso enemigo de la integridad territorial de Marruecos.
A pesar del discurso de los gobiernos españoles que podría parecer reconciliador para Marruecos, estas instituciones electas de carácter público ejercen otra política que consiste en ofrecerse como una plataforma para los intereses de los separatistas. Esta inclinación goza de una unanimidad de los electos, aún más se ha convertido en un deber nacional español como si fuera escrito en la constitución de este país.
