26-11-2021
El Ejecutivo español activó la Dirección de Servicios Jurídicos del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, para exigir al juez de instrucción Rafael Lasala que ponga fin a sus investigaciones sobre las condiciones de entrada de Brahim Ghali el 18 de abril al país, con el pretexto de que el caso Ghali tiene el «sello de la confidencialidad», informa el periódico «La Razón».
La Dirección entregó al juez una nota del Ministerio de la Presidencia, encabezado por Félix Bolaños, recordándole que el Consejo de Ministros del 15 de octubre de 2010, entonces presidido por José Luis Zapatero, había calificado como «reservados» ciertos casos relacionados con la seguridad, y esto para evitar “que asuntos que afectan a la política exterior de España se vean desprotegidos”. En efecto, el texto precisa que los expedientes relativos a “la seguridad exterior del Estado y sus relaciones diplomáticas, requieren protección para la mejor defensa de los intereses de España”.
El Ministerio de la Presidencia afirma que la «divulgación no autorizada» de expedientes puede ocasionar «riesgos o perjuicios a la seguridad del Estado» o «comprometer los intereses fundamentales de la nación en materia de defensa, paz u orden constitucional» .
Como recordatorio, en octubre, el juez de instrucción Rafael Lasala ya rechazó una orden de la Dirección de Servicios Legales del Estado para cerrar el caso. El juez justificó por escrito su negativa a suspender la investigación sobre la base de «la existencia de pruebas de la implicación delictiva de otras personas» en «las particulares circunstancias de la entrada» del líder del Polisario en España.
