12-10-2021
El juez que investiga la entrada de Brahim Ghali en España ha rechazado una mayor injerencia de la Dirección de Servicios Jurídicos del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, en su investigación. Rafael Lasala declaró nula la nueva solicitud expresada por el mismo organismo para cerrar el caso. El juez justificó, por escrito, su negativa a suspender la investigación por «la existencia de pruebas de la participación delictiva de otras personas» en «las particulares circunstancias de la entrada» del líder del Polisario en España.
Lasala dijo que «las autoridades deben informar a los tribunales competentes del paradero» de los investigados, acusándolo de «violar» las normas del espacio Schengen. «Hasta ahora hay razones para creer que no ha habido una mala o difícil interpretación de un estándar tan básico» en la entrada de extranjeros a los países de la Unión Europea», sino una violación frontal de sus principios al afirmar su inaplicabilidad», durante la recepción del líder del Polisario.
Este no ha sido el primer intento de la Dirección de Servicios Jurídicos del Estado para frenar el juicio. Ya ha brillado por una serie de acciones destinadas a poner obstáculos a las investigaciones. En primer lugar, se opuso a la comparecencia de la ex ministra de Asuntos Exteriores ante el juez Rafael Lasala, estimando que«autorizar la entrada de Brahim Ghali en España, por razones humanitarias sin control de pasaportes, es conforme a la ley, independientemente de quién haya tomado la decisión o de quién tuviera conocimiento de ella».
El mismo organismo expresó luego su rechazo en la audiencia presencial de Arancha González, antes de capitular ante la insistencia del juez. El Departamento de Servicios Legales del Estado también informó a Lasala en una carta fechada el 7 de octubre que el exjefe de Gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, Camilo Villarino, había borrado correos electrónicos y mensajes de WhatsApp vinculados al incidente de la llegada de Brahim Ghali a España.
La nueva intervención de la Dirección de Servicios Jurídicos del Estado, dependiente del Ministerio de Justicia, en la presente investigación tiene como objetivo evitar identificar al «señor X», según el Partido Popular y Vox, quien habría dado la orden de recibir a Brahim Ghali, a escondidas y bajo una identidad falsa, en España.
