07-10-2021
Los proyectos de energías renovables constituyen el nuevo frente de batalla del Polisario contra Marruecos. A la espera de una posible legalización ante los tribunales europeos, como fue el caso de los acuerdos de pesca y agricultura con la UE, la Western Sahara Resource Watch Association (WSRW) ha elaborado un informe sobre este tema, titulado: «Marruecos utiliza la energía verde para embellecer su ocupación”.
La ONG ha calculado que para 2030, la electricidad procedente de la energía eólica y solar en el Sáhara debería representar el 47,20% y el 32,64%, respectivamente, de la producción total de energía verde marroquí. WSRW condena así la firma el 30 de septiembre de un contrato entre la empresa GE Renewable Energy, filial de la estadounidense General Electric, y el grupo marroquí Nareva para la instalación de un parque eólico de 200 MW en Aftissat, situado a 50 km al sur de Bojdador. La empresa italiana Enel y la hispano-alemana Siemens Gamesa también están en la mira de la ONG cercana al Polisario.
WSRW acusa a estos grandes grupos industriales de invertir en la provincia «sin intentar obtener el consentimiento de la gente del territorio», en referencia al veredicto del 29 de septiembre, cancelando los acuerdos pesqueros y agrícolas entre Marruecos y la UE. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que el Polisario «es reconocido internacionalmente como representante del pueblo del Sáhara Occidental».
Basándose en esta decisión, WSRW exige «la salida inmediata del territorio de todas las empresas de producción de energía verde». Incluso pide a los estados que van a participar en la COP 26 en Glasgow (del 1 al 12 de noviembre) que “cuestionen los informes climáticos sistemáticamente erróneos de Marruecos”.
En su acusación contra el Reino, WSRW afirma que estos proyectos de energía renovable «sabotean fundamentalmente los esfuerzos de paz de la ONU en el Sáhara Occidental destinados a permitir la expresión del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui». La energía producida «puede eventualmente exportarse al extranjero, incluida la UE», advierte la ONG.
