14-08-2021
Se ha abierto una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado de España y la Fiscalía de Ceuta para esclarecer las condiciones en las que el Ministerio del Interior repatria grupos de niños a Marruecos, informa el diario ABC.
En efecto, a los fiscales no se les mantuvo informados del plan de repatriación ni de sus detalles, se les envió una simple comunicación calificada como «genérica» en la que no se especificaba, contrariamente a lo que establece la ley, ni el número de niños afectados ni el tiempo de su detención.
La devolución de los menores parece, pues, producirse en una gran confusión, destacando las fuentes que las expulsiones se llevan a cabo «sin la más mínima consulta al Ministerio Público». Mientras varias ONG estaban en consulta con las autoridades de Ceuta para organizar la devolución de los menores en las mejores condiciones, las asociaciones hoy critican estas expulsiones y la forma en que se llevan a cabo. Es el caso de «No Name Kitchen, Maakum, Asociación Elin y Andalucía Acoge» que «denuncian la devolución colectiva ilegal de menores que se produce en la frontera de Tarajal a Ceuta, de la que somos testigos», indicaron en un comunicado conjunto.
Lo que se culpa a Interior y delegaciones gubernamentales es la falta de información sobre la identidad de los niños y las garantías de su cuidado una vez en Marruecos. Dado que muchos menores de Ceuta se encuentran en situación de vulnerabilidad, las asociaciones desearían tener “certificación de que en todos los casos los padres están preparados para venir a recoger a sus hijos”.
Lamentablemente, las ONGs sobre el terreno encuentran que, contrariamente a lo que establece la ley, los niños afectados por la medida de expulsión no saben que están a punto de llegar a Marruecos. Un niño que se niega a ser repatriado tiene derecho a apelar y se le debe asignar un asesor legal para que lo asista, lo que no sería el caso de los niños repatriados actualmente, destacó la misma fuente.
