06-08-2021
La Unión General de Empresas y Profesiones (UGEP) indicó esta semana que sigue “con gran preocupación las decisiones aleatorias y no calculadas, las consecuencias tomadas por el Gobierno como parte de su lucha contra la nueva pandemia de coronavirus”. En un comunicado, la UGEP advirtió del impacto de estas decisiones, que «sólo contribuirán a empeorar la situación de las empresas marroquíes, especialmente de las muy pequeñas, pequeñas e incluso medianas».
Al decir «en contra de cualquier decisión no calculada», el gremio dice que lamenta la medida decidida el miércoles, para el cierre de los «Hammams» (baños árabes), sabiendo que varios han permanecido cerrados desde marzo de 2020, es decir desde hace un año, sin contar con el apoyo de la parte del Estado». El comunicado también denuncia el incumplimiento de las promesas del Gobierno de otorgar ayudas a los trabajadores del sector.
La misma fuente critica la decisión del viernes 23 de julio, «sin que el Gobierno preste atención al sufrimiento y los grandes problemas que viven los profesionales» de varios sectores involucrados. Recordando que las decisiones de reducir la capacidad de los medios de transporte público al 50% «no se respetan», la UGEP señala el impacto de las decisiones tomadas en varios sectores, entre ellos el comercio, la artesanía y los pequeños empresarios en todos los ámbitos económicos debido al deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos.
La UGEP llama, en este sentido, a «apoyar a los propietarios de Hammams y salones de fiestas eximiéndolos del pago de todas las tasas e impuestos para los años 2020 y 2021, y el aplazamiento de los giros de todas las deudas que les correspondan», al mismo tiempo que les permite obtener préstamos a interés preferencial”. También aboga por «apoyo mensual a los trabajadores de estos sectores hasta que vuelvan a abrir».
La Unión también pide una reducción del 50% en todos los impuestos, cargos y gravámenes impuestos a los taxis, al tiempo que exige el cumplimiento de la capacidad establecida en el 50% en todo el transporte público, autobuses y tranvías. También pide apoyo a los profesionales frente a «las provocaciones y hostigamientos a los que han sido expuestos por las entidades de crédito».
