16-07-2021
La Delegación General de Administración Penitenciaria y Reinserción (DGAPR) desmintió este viernes las alegaciones contenidas en el informe «del Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos» del mes de julio de 2021, relativo a las circunstancias del encarcelamiento de los detenidos Omar Radi y Soulaimane Raissouni.
En un comunicado, la DGAPR afirmó que contrariamente a lo señalado en dicho informe, Omar Radi se encuentra recluido en una celda individual que reúne las condiciones de alojamiento requeridas y dotado de un televisor que le permite seguir un conjunto de canales satelitales, en base a de una solicitud que presentó cuando ingresó en prisión.
En cuanto al estado de salud de este recluso, la misma fuente asegura que desde su ingreso a este centro penitenciario, el interesado se ha beneficiado de la atención médica necesaria por parte de personal médico y hospitales externos, además de las medicinas que le trae su familia luego de haber sido revisado por el médico del establecimiento.
La delegación ha calificado de «infundadas» las palabras de la madre del preso que afirma que éste no pudo someterse a un examen médico ante un gastroenterólogo en el hospital Ibn Rochd, debido a la negativa de los policías a quitarle las esposas, explicando que inmediatamente después de la entrada del detenido, el 4 de mayo de 2021, en el consultorio del médico del mencionado hospital, «se le quitaron las esposas, pero el detenido se negó a someterse al examen hasta que los funcionarios abandonaron el consultorio del médico sabiendo que el consultorio dispone de un lugar aislado dedicado al examen de los pacientes sin atentar contra su intimidad».
En cuanto a los motivos de la huelga de hambre que había liderado este detenido, agrega la misma fuente, y contrariamente a lo señalado en el informe, el interesado confirmó al director del establecimiento que pretendía ser liberado de la cárcel y que su huelga no tuvo nada que ver con las condiciones de su encarcelamiento.
Con respecto a lo mencionado en el informe sobre el presunto hostigamiento del preso Omar Radi durante su comunicación con su equipo de defensa, la DGAPR afirmó que todos los detenidos son tratados sin discriminación alguna durante su contacto con sus abogados, derecho garantizado por la ley, al tiempo que asegura las condiciones adecuadas para una mejor comunicación entre los abogados y sus clientes.
Y en cuanto a la afirmación de la madre de este preso de que en el contexto de la pandemia, las cosas se complicaron más y que las medidas tomadas al interior de la prisión representaron un peligro para su salud, la delegación asegura que ha desplegado todos sus esfuerzos para luchar contra la pandemia y tomar un conjunto de medidas preventivas para proteger a la población penitenciaria, esfuerzos que han permitido frenar la propagación de la epidemia al interior de los establecimientos penitenciarios.
En cuanto al detenido Soulaimane Raissouni, también detenido en la prisión local de Ain Sebaa 1, la DGAPR afirma que el interesado se ha beneficiado, desde que inició una huelga de hambre el 8 de abril de 2021, de un seguimiento médico diario y reconocimientos y análisis médicos que confirman que su estado de salud es normal, contrario a las afirmaciones infundadas de su esposa que asegura que luego de 60 días de huelga de hambre, el detenido habría perdido 31 kg. La delegación calificó también de «infundadas» las alegaciones de que el detenido no pudo comunicarse telefónicamente con su esposa durante 23 días, asegurando que el interesado disfruta de su derecho a comunicarse con su familia y que nunca se le ha negado este derecho.
Según la misma fuente, el detenido en cuestión se negó voluntariamente a hacer valer su derecho a comunicarse por teléfono fijo del establecimiento, destacando que la continuación de su movimiento de huelga de hambre no tiene nada que ver con las condiciones de su detención. Finalmente, la delegación subraya que el recurso de los familiares de los dos detenidos para proporcionar a determinadas organizaciones información falsa y errónea está motivado por su intento de cambiar el rumbo de estos dos casos de derecho común para disfrazarlos como un caso de libertad de opinión.
