25-06-2021
Varios activistas del movimiento de protesta Hirak, incluida Fatiha Briki (activista de derechos humanos detenida desde el 17 de junio), comprometidos con los presos de conciencia y contra la tortura en Argelia, fueron puestos bajo control judicial el jueves por la noche, según el Comité Nacional para la Liberación de Detenidos (CNLD).
Entre los activistas puestos bajo supervisión judicial por el fiscal del tribunal de Sidi M’hamed en Argel, se encuentran El Hadi Lassouli, miembro de un colectivo de ciudadanos, y dos académicos, Sara Ladoul y Mehanna Abdesselam.
Los dos últimos forman parte de la Coordinación Nacional de Académicos para el Cambio (CNUAC), mientras que Fatiha Briki y El Hadi Lassouli son miembros de la CNLD.
No se han filtrado detalles sobre los cargos en su contra, pero según los abogados presentes durante su comparecencia del jueves, los debates giraron en torno a las ayudas económicas recaudadas para los detenidos y sus familias.
Creada en 2019, en medio del levantamiento pacífico del Hirak, la CNLD es una asociación de apoyo que identifica a los presos de conciencia y hace campañas para su liberación.
En el período previo a las recientes elecciones parlamentarias, el régimen ha realizado esfuerzos en los últimos meses para acabar con el movimiento de protesta, evitando sus protestas y aumentando las detenciones y procesos judiciales contra activistas, periodistas, abogados y académicos.
Al menos 273 personas están actualmente encarceladas en Argelia, dijo Amnistía Internacional en un comunicado el jueves denunciando «la escalada de represión contra los activistas del Hirak» en los meses previos a las elecciones del 12 de junio.
Amnistía está alarmada por una reciente enmienda al código penal que amplía la definición de terrorismo que, según la organización de derechos humanos, podría usarse para «silenciar a adversarios pacíficos y diezmar a la oposición política».
Más de 80 ONG argelinas e internacionales apelaron recientemente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) sobre la «escalada represiva» de las autoridades argelinas y la «criminalización implacable de las libertades fundamentales».
