13-04-2021
El Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Casación, Presidente del Ministerio Público, ha pedido que se racionalice el recurso a la emisión de los avisos de búsqueda y que éstos se limiten a los casos que requieran la comparecencia del interesado ante la justicia, en particular por su presunta implicación en un crimen o delito grave con la presencia de indicios o de pruebas suficientes.
A tal efecto, el 12 de abril de este año el Presidente del Ministerio Público envió a los fiscales generales del Rey ante los tribunales de apelación y a los fiscales del Rey ante los tribunales de primera instancia una circular sobre la gestión de los avisos de búsqueda, que constituyen uno de los procedimientos que utilizan las fiscalías en caso de imposibilidad de localizar a los sospechosos en estado de fuga.
La circular insiste en la ponderación en la tramitación de los asuntos de las personas buscadas en el momento de su interpelación, evitando al mismo tiempo ponerlas sistemáticamente en detención policial, salvo cuando así lo exijan la investigación y sus necesidades, con el fin de comprobar la persistencia de las motivaciones jurídicas que originan tal procedimiento, indicó un comunicado del Ministerio Público.
Además, insta a que se den instrucciones para que se anulen todas las notificaciones relativas a actos delictivos que hayan prescrito, teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos imputados, y aquellos cuyos casos hayan sido presentados a la fiscalía o cuyos casos estén siendo investigados o pendientes de juicio.
También recomienda interactuar positivamente con las solicitudes y quejas para cancelar los avisos de búsqueda y asegurarse de que la decisión de cancelarlos se comunique en presencia de una razón legal válida.
Ante la extrema importancia de este tema, que está íntimamente ligado a la protección de los derechos y libertades fundamentales, cuya preservación corresponde al Ministerio Público, la Presidencia del Ministerio Público se compromete a velar por un cuidadoso seguimiento de la aplicación de la ley, con el fin de garantizar la seguridad judicial de las personas.
