30-03-2021
Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 años, se suicidó en una celda de aislamiento en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores el 15 de julio de 2019, luego de ser brutalmente golpeado por otros residentes. La Audiencia Provincial de Valencia no ve delito penal el caso, al considerar que ni la policía ni los trabajadores sanitarios cometieron delito alguno.
Diez días después del suicidio, y tras recibir el certificado de defunción, el juez solicitó informes al Centro para asegurar que se siguieron los protocolos. Una «situación excepcional» como la reclusión en régimen de aislamiento no se puede aplicar por más de una hora y debe ser monitoreada constantemente por cámaras, señaló el juez.
La familia de Marouane sorprendida por el suicidio, está convencida de que el joven debió haber sufrido mucho antes de tomar tal decisión. Pidió una investigación para arrojar luz sobre su muerte y garantizar la justicia. “La visualización de cámaras de vigilancia nos permitió evaluar la posible existencia de varios delitos imputables a funcionarios públicos: incitación al suicidio, tratos degradantes, negativa a la atención médica y otros”, indicó el abogado de la familia quien, sobre esta base, solicitó que se interrogue a varios policías y miembros del equipo de salud del centro.
El 14 de julio, un día antes de su muerte, varios detenidos atacaron a Marouane provocando que se fracturara la cara. Unos días antes, ya había sido víctima de otras dos agresiones. El hospital exigió un descanso médico de 2-3 días por el «traumatismo craneoencefálico» que presentaba, así como un seguimiento periódico. También recomendó su traslado inmediato a urgencias en caso de «pérdida del conocimiento, confusión o desorientación, tendencia anormal al sueño, dolores de cabeza persistentes, alteración del carácter o comportamiento anormal, pérdida de fuerza o alteración de la coordinación de uno de los miembros». Sin embargo, ninguna de estas recomendaciones ha sido implementada por el personal de salud del centro ni por la policía.
El tribunal dictaminó que los funcionarios no eran responsables porque no se les había informado de que debían prestar especial atención al trato de Marouane. «No se incurre en responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria, prestación de asistencia incompleta o diagnóstico incorrecto. La ley más bien sanciona la denegación de la asistencia sanitaria ”, precisó el juez.
El Centro Zapadores ha sido escenario de múltiples y diversas violaciones a los derechos humanos. En total, diez personas han muerto desde que abrió el Centro. Los impulsores de la campaña CIEs No y Casa Maroc exigen que la responsabilidad recaiga en la muerte de Marouane y que todos los centros se cierren con urgencia «ya que no son más que prisiones racistas en las que se violan los derechos fundamentales de las personas que no han cometido ningún delito».
