
21-01-2021
El Departamento de Comunicación, dependiente del Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte, ha publicado el miércoles un comunicado sobre los «ataques injustificados» y las «afirmaciones difamatorias» de Reporteros Sin Fronteras (RSF) que, publicó una cápsula de vídeo con graves falsedades sobre el estado de la libertad de expresión en Marruecos.
«¿Por qué los periodistas que molestan de repente se convierten en delincuentes? La técnica de los servicios secretos marroquíes para desacreditar a los periodistas y disuadir a sus partidarios», ha titulado en Twitter RSF en apoyo de su vídeo publicado en las redes sociales el 18 de enero, donde la organización evoca los casos del historiador Maati Monjib, Omar Radi, Taoufik Bouachrine, Hajar Raissouni, Souleiman Raissouni y Hicham Mansouri.
En su respuesta a las alegaciones de RSF, el departamento de Comunicación señaló que RSF «se esfuerza por atentar contra las instituciones nacionales a través de afirmaciones falsas y difamatorias». RSF evoca «de manera errónea los casos de periodistas sobre los cuales la justicia marroquí se ha pronunciado definitivamente, en el marco de procesos equitativos que han desembocado en su condena o en su puesta en libertad después de haber gozado de una Gracia Real», precisó la misma fuente.
El comunicado también señaló que esta organización finge ignorar que la condición de periodista no confiere ninguna inmunidad judicial que permita a los periodistas gozar de un estatuto especial que los sitúe por encima de la ley, sabiendo que corresponde a la justicia y sólo a la justicia pronunciarse soberanamente sobre los agravios de que son objeto».
RSF, añade la misma fuente, ha mostrado a través de esta cápsula, «un desconocimiento injustificado del sistema institucional marroquí», designando «indebidamente a los servicios secretos marroquíes» como «el origen de las diligencias judiciales contra los periodistas». Por otra parte, la organización ha ocultado el hecho de que Marruecos se dotó en 2011 de un instrumento constitucional que refuerza la independencia del poder judicial, materializada por las leyes orgánicas relativas al Consejo Superior del Poder Judicial y al estatuto de la magistratura adoptadas en 2016 por el Parlamento tras una gestión participativa acogida por la Comisión de Venecia».
Por último, el vídeo publicado por RSF pretende «negar a las presuntas víctimas de abusos sexuales su derecho fundamental a demandar a sus presuntos agresores, desacreditando sus denuncias en violación de los principios y normas universales establecidos en la materia», concluyó el comunicado.