Marruecos ha optado por no recurrir el fallo del tribunal regional de Madrid en el caso contra el periodista Ignacio Cembrero, confiando plenamente en la solidez de su posición. Cembrero no presentó evidencias sustanciales que respaldaran sus acusaciones sobre el supuesto espionaje a través del software «Pegasus», admitiendo que sus alegaciones se basaban únicamente en «convicciones personales», un enfoque que va en contra de las normas básicas del periodismo profesional.
En un informe oficial publicado en 2024, la Agencia de Inteligencia Española descartó cualquier relación entre Marruecos y el caso, y en 2023, el Consejo General del Poder Judicial español cerró el expediente por falta de pruebas. No obstante, Cembrero continuó su campaña pública, apoyándose en afirmaciones controvertidas y fuentes cuestionadas, lo que revela su alejamiento de los principios de verificación objetiva y rigurosa en el ejercicio del periodismo.
El caso también mostró cómo Cembrero intentó explotar vacíos legales para atacar a Marruecos como nación, aprovechando las dificultades para litigar acusaciones de difamación contra un Estado. Este comportamiento, que sobrepasó los límites de una crítica legítima, subraya su objetivo de dañar la imagen del Reino, utilizando plataformas mediáticas y políticas para amplificar sus denuncias.
Este episodio pone de relieve el riesgo de desvirtuar el periodismo, transformando una labor orientada a la búsqueda de la verdad en un medio para cumplir con intereses personales y agendas ajenas a la objetividad. Cembrero ha ejemplificado el uso de los medios de comunicación de manera poco profesional, evidenciando la necesidad urgente de adherirse a los principios éticos del periodismo en un contexto marcado por intentos de difamación sistemática.
20/12/2024
