17-06-2020
El Ministro de Economía, Finanzas y Reforma Administrativa, Mohamed Benchaaboun, difundió una circular sobre la aplicación del derecho de acceso a la información, en la que instaba a las administraciones e instituciones interesadas, tanto a nivel central o descentralizado, a cumplir las disposiciones de la Ley n º 31.13 relativas al derecho de acceso a la información.
Además, se ha puesto en marcha un portal de acceso a la información «www.chafafiya.ma» que permite a los «encargados de la información», designados por sus administraciones e instituciones, tramitar las solicitudes de información y responder a tiempo, de conformidad con las disposiciones de esta ley, y de otra parte permite al solicitante de la información seguir su solicitud desde la presentación hasta la recepción de su respuesta final y recibir notificaciones en cada una de las etapas, indicó la misma fuente.
Asimismo, se ha creado una red de encargados del acceso a la información bajo la supervisión del Departamento de Reforma de la Administración, con el fin de movilizar y reforzar las competencias de sus miembros y de acompañarlos de manera continua en la aplicación de esta ley.
Según la guía elaborada por los equipos de Benchaaboun, el derecho de acceso a la información permite a todos los ciudadanos marroquíes, así como a los extranjeros que residen legalmente en Marruecos, acceder a la información que obre en poder de las instituciones u organismos públicos. La información debe publicarse de manera proactiva, por todos los medios posibles de publicación, en particular en los portales nacionales de datos públicos o en los sitios web de las administraciones o instituciones. Si el ciudadano no encuentra la información solicitada, podrá dirigir una solicitud de acceso a la información a la administración o a la institución que la disponga.
La Ley n. 31.13 sobre el derecho de acceso a la información es fundamental para promover la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, así como para fortalecer la democracia participativa y consolidar la confianza entre la administración pública y el usuario.
