El Gobierno español ha decidido cancelar un contrato de casi 700 millones de euros con la empresa israelí Elbit Systems, que contemplaba la transferencia tecnológica y la entrega de lanzacohetes del sistema PULS dentro del programa SILAM (Sistema Lanzacohetes de Alta Movilidad). El acuerdo, firmado en 2023, preveía la participación de compañías españolas como Escribano y Expal en la producción local, además de la adquisición de radares, drones y munición.
Con esta decisión, Madrid pone fin a uno de los proyectos de cooperación militar entre ambos países, una medida que representa un duro golpe económico para la compañía israelí y que se suma a la creciente presión internacional sobre Tel Aviv por su ofensiva en Gaza.
Cancelaciones sucesivas de contratos militares
La anulación del programa SILAM no es un hecho aislado. El Ejecutivo español ya había descartado un contrato valorado en 287 millones de euros para la compra de 168 lanzadores de misiles antitanque, igualmente vinculados a la industria militar israelí. Además, en abril se había cancelado otro acuerdo para la adquisición de munición destinada a las fuerzas policiales.
Endurecimiento de la política española hacia Israel
El presidente Pedro Sánchez anunció recientemente un paquete de medidas que consolidan en la legislación española la prohibición de comprar o vender armamento a Israel, así como restricciones a personas vinculadas a crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos en Gaza. Entre ellas destacan el veto al uso de puertos españoles por buques que transporten combustible para las fuerzas israelíes y la prohibición de sobrevuelo a aeronaves que trasladen material de defensa.
Asimismo, el Gobierno se comprometió a reforzar su presencia humanitaria en Rafah, con el envío de tropas para proyectos de asistencia alimentaria y sanitaria en coordinación con la Autoridad Palestina.
Una postura crítica en el ámbito europeo
España ha sido uno de los países más firmes en la Unión Europea al denunciar la actuación de Israel en los territorios palestinos. Sánchez ha pedido revisar el Acuerdo de Asociación UE-Israel, alegando que sus acciones violan la cláusula de derechos humanos del tratado. También ha impulsado iniciativas en Bruselas para frenar la hambruna en Gaza y aumentar la presión diplomática sobre Tel Aviv.
Con esta serie de decisiones, Madrid marca un distanciamiento profundo de la industria armamentística israelí y refuerza su postura crítica frente a la ofensiva militar en Gaza, al tiempo que busca situarse como un referente europeo en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos.
16/09/2025
