Las declaraciones del ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, este miércoles, han confirmado de forma pública y sin ambages lo que parece ser un secreto a voces advertido por múltiples analistas y organismos internacionales desde octubre de 2023: la intención israelí de una transformación territorial, demográfica y económica de la Franja de Gaza.
Smotrich, en una conferencia inmobiliaria en Tel Aviv, describió a Gaza como una potencial “bonanza inmobiliaria” y afirmó que Israel ya ha iniciado negociaciones con Estados Unidos para repartir la tierra tras la guerra. “Ya hicimos la demolición, ahora hay que construir”, sentenció el minsitro, equiparando el arrasamiento sistemático de infraestructura civil en Gaza a una simple fase de “renovación urbana”. Una narrativa que omite cualquier mención a la población gazatí desplazada, asesinada o sobreviviente bajo asedio, y que revela una visión de la guerra como medio para reconfigurar la geografía política de la región en favor de intereses coloniales y económicos, con proyecciones turísticas, habitacionales y de inversión extranjera.
La confirmación oficial sobre la existencia de un plan de negocios para Gaza presentado a la administración estadounidense de Donald Trump, no es una idea nueva pero confirma la nula intención israelí por ponerle fin a su ofensiva en la zona, pese a los discursos oficiales en foros internacionales o conferencias de prensa.
Ya en febrero de este año, Trump había declarado su intención de que Estados Unidos asumiera el control del enclave y lo transformara en la “Riviera del Medio Oriente”, una zona de desarrollo económico bajo administración extranjera, con la reubicación , voluntaria o forzada, de buena parte de la población palestina. Propuesta que conmocionó a los países árabes y a varios líderes mundiales que mostraron su rechazo y que luego fue rechazada parcialmente desde la Casa Blanca pero cuya persistencia en el discurso político de altos funcionarios sugiere que siguen avanzando bajo la mesa diplomática.
Las intenciones de vaciar Gaza de su población original se han expresado también de forma directa. En mayo pasado, Smotrich declaró que los civiles palestinos serían trasladados “a una zona humanitaria sin Hamás”, desde donde eventualmente serían enviados a terceros países. Estas afirmaciones han generado preocupación global por la posibilidad de una limpieza étnica en curso, ya que el desplazamiento forzoso de población civil constituye una grave violación del derecho internacional humanitario.
Sin embargo, más allá del plano político, medios israelíes han informado sobre cómo desde el propio gobierno y empresas privadas de bienes raíces ya se están ofreciendo tierras en Gaza e incluso fijando precios, en una clara señal de que el proceso de apropiación territorial ha pasado del discurso a la planificación concreta. Estas acciones no solo contradicen los principios del derecho internacional, que prohíbe la anexión de territorios por la fuerza, sino que también desafían el consenso internacional sobre la necesidad de una solución política justa y negociada al conflicto.
La indignación por estas declaraciones y acciones ha sido casi unánime en la comunidad internacional. Países como el Reino Unido, España y Arabia Saudita han manifestado su rechazo explícito a cualquier intento de anexión de Gaza. Sin embargo, dos años después del inicio de la guerra, ningún organismo global ni potencia internacional ha logrado frenar la escalada israelí. Mientras tanto, las propuestas de desarrollo presentadas como “soluciones” se apoyan en una lógica de tierra arrasada, donde la desaparición de la población local es vista por Israel y su aliado occidental, Estados Unidos, como un paso necesario para la regeneración económica.
Israel, justifica la intención de reapropiación económica argumentando que el alto costo de la guerra debe ser recuperado, utilizando esa inversión como razón para la posterior apropiación del territorio. Bajo esta lógica israelí, Gaza no es una zona de conflicto ni requiere asistencia humanitaria, sino que constituye una “oportunidad de negocio” posbélica orientado a potenciales inversores, empresarios del rubro inmobiliario y aliados estratégicos.
Aunque la maquinaria diplomática y militar israelí continúa sin obstáculos, a nivel social el rechazo al proyecto de colonización y expulsión de Gaza ha crecido de forma significativa. Manifestaciones en capitales europeas, boicots, pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos y una mayor cobertura crítica en medios internacionales reflejan una desconexión cada vez mayor entre la narrativa oficial israelí y la percepción global. Sin embargo, la ausencia de consecuencias políticas reales permite que estos planes avancen, incluso cuando violan principios fundamentales del derecho internacional y de la dignidad humana.
De esta manera, el caso de Gaza se ha convertido es una clara tragedia humanitaria utilizada como una nueva forma de conquista en pleno siglo XXI, omitiendo toda legislación internacional y derecho humano; legitimado desde el discurso económico, de seguridad y que se ejecuta diariamente desde hace 23 meses con una impunidad que interpela directamente a la comunidad internacional.
18/09/2025
María Angélica Carvajal
