El primer debate sobre la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados español ya tiene una fecha programada. Según lo acordado por la Junta de Portavoces, la sesión plenaria está prevista para el próximo martes 12 de diciembre.
Este debate marcará el inicio de la discusión sobre la Proposición de Ley de Amnistía presentada por el PSOE, que será seguida por una votación, cuya finalidad es la creación de tres comisiones de investigación; compromiso adquirido por los socialistas en agosto para asegurar el apoyo de los independentistas catalanes de ERC y Junts en la Mesa de la Cámara.
Del mismo modo, la Junta de Portavoces también ha establecido que el 13 de diciembre se llevará a cabo la primera sesión de control al Gobierno en esta legislatura. A este respecto, es importante destacar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no asistirá a esta sesión. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sí comparecerá en el hemiciclo para informar sobre la crisis migratoria.

Siguiendo el procedimiento legislativo, después de ser calificada por la Mesa del Congreso y publicada en el Boletín de las Cortes, la propuesta de ley fue remitida al Gobierno para obtener su aprobación antes de su debate en el Congreso. El Gobierno, en este caso, ha dado su conformidad para la tramitación de la iniciativa en un tiempo récord de 27 días, aunque tenía un plazo de 30 días para pronunciarse.
En este sentido, una vez que se apruebe el curso parlamentario de la propuesta, se abrirá un plazo para la presentación de enmiendas, con la posibilidad de tramitarla por la vía de urgencia, lo que aceleraría todos los plazos. Los grupos a favor de la amnistía podrían solicitar que la proposición se tramite por lectura única, permitiendo su aprobación antes de fin de año, aunque esta opción no parece estar en consideración.
Posteriormente, el trámite se trasladará al Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría y pretenderá extender los plazos hasta el límite de los dos meses permitidos por la Constitución. Con esto, si todo sigue su curso, la ley regresará al Congreso para su aprobación definitiva, entrando en vigor en una fecha cercana a la próxima primavera.









