En los últimos días, tras la investidura del actual presidente del Gobierno español, el tema de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido uno de los grandes protagonistas de los titulares de la prensa española. A continuación, pretendemos abordar el tema, de manera informativa, de modo que queden reflejadas las cuestiones más importantes, principalmente, en lo que respecta a la relación con el Partido Popular.
En principio, comenzamos apuntando a la Constitución española, que establece que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe renovarse cada cinco años. Este órgano está compuesto por 20 vocales, de los cuales 12 son jueces y ocho son juristas de reconocido prestigio. Según la normativa, estos vocales deben ser designados mediante una mayoría, que requiere el respaldo de, al menos, tres quintas partes de las Cortes.
En este sentido, el Poder Judicial, representado por los más de 5.600 jueces en España, actúa de manera independiente al aplicar la ley para juzgar y ejecutar las decisiones judiciales. No obstante, su órgano de gobierno, el mismo Consejo General del Poder Judicial, responsable de la formación, permisos, régimen disciplinario y nombramientos de la cúpula judicial, lleva cinco años sin renovarse. Esto es debido a la falta de acuerdos entre los partidos, especialmente, en esta última etapa, así como al “bloqueo” del Partido Popular, que ha aplazado el tema aludiendo a diversas cuestiones (las elecciones en Andalucía o Cataluña, los indultos del ‘procés’, etc.).
Por tanto, ante la pregunta de ¿por qué el PP puede obstaculizar la renovación del CGPJ?, la respuesta es sencilla. Tal y como señalamos anteriormente, los 20 vocales son elegidos por las Cortes. Más concretamente: el Congreso selecciona a seis jueces de la lista presentada en 2018, y el Senado elige a otros seis. Los ocho vocales restantes son escogidos proporcionalmente por los partidos de la Corte.
En la situación actual en España, la lista de candidatos se encuentra congelada desde 2018, situación perjudicial para el sistema de Gobierno porque impide la participación de las últimas promociones de jueces. Además, también se puede dar el caso de que los candidatos de entonces hayan podido cambiar de criterio, jubilarse y hasta fallecer en los cinco años transcurridos desde que se preparó la candidatura.
En este contexto, en el marco del escenario político actual, en el que el Ejecutivo no cuenta con la mayoría absoluta en Congreso, el Partido Popular está utilizando esta carta para ejercer presión sobre el Gobierno y aplazar todo lo posible este paso.
07-12-2023
