En un giro que resuena más allá de los muros de las prisiones israelíes, el Parlamento de Israel ha dado luz verde en primera lectura a un proyecto de ley que permite la pena de muerte para los rehenes palestinos. La noticia cayó como un golpe silencioso pero devastador en decenas de familias que, durante años, han vivido con la incertidumbre y el miedo constante.
Entre ellas, Umm Abdullah, esposa de un rehén condenado a cadena perpetua, enfrenta un doble sufrimiento. Su dolor se remonta a la frustración de no haber visto incluido el nombre de su esposo en la reciente liberación de 1.968 rehenes palestinos en la llamada operación “Tufán de los Libres”, un proceso que dejó fuera a cientos de los condenados más severamente. La aprobación del nuevo proyecto de ley añade un miedo tangible a su espera interminable: ahora la amenaza de la ejecución se vuelve oficial, mientras la “muerte lenta” que ya sufrían los rehenes en condiciones extremas dentro de las cárceles se legaliza.
Una legislación discriminatoria
Según el texto aprobado por la Comisión de Seguridad Nacional en primera lectura, la ley se dirige exclusivamente a los rehenes palestinos acusados de asesinatos con motivaciones políticas o de seguridad, excluyendo de cualquier consecuencia similar a los autores de crímenes equivalentes entre judíos israelíes. Khaled Mahajna, abogado de la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Liberados, denuncia que se trata de una norma “abiertamente discriminatoria y racista”.
El proyecto confiere a los tribunales la capacidad de dictar la pena de muerte por mayoría de votos, y no por unanimidad, lo que Mahajna califica como “una violación grave de las garantías judiciales y un precedente sin parangón en la legislación sobre el derecho a la vida”. En su análisis, el objetivo del proyecto no es legal ni judicial, sino vengativo, transformar la práctica de la “ejecución encubierta” en una política formal con respaldo legal.
Un mensaje político y social
La ley se inscribe en el marco de un gobierno dominado por la derecha radical, con figuras como Ben Gvir y Bezalel Smotrich liderando la agenda. En este sentido, parece que la finalidad no es solo castigar, sino enviar un mensaje interno claro; la vida de un palestino carece de valor. Este mensaje trasciende la retórica electoral, convirtiéndose en legislación con simbolismo legal que legitima la violencia y normaliza la muerte bajo el manto de la ley.
Muzafar Zoqan, director del Club del Prisionero y miembro del comité nacional de apoyo a los presos, subraya que no se trata de una nueva ley, sino de dar una apariencia legal a un crimen que ya se viene ejecutando desde hace décadas. Desde el maltrato médico hasta la tortura directa, Israel ya ha implementado lo que él denomina una pena de muerte efectiva sin necesidad de legislación formal.
De allí que la aprobación en primera lectura representa un intento deliberado de intimidar a los palestinos y quebrar la resistencia de los rehenes, en el marco de una estrategia sistemática de terror de Estado que se intensificó desde el 7 de octubre de 2023. Además, la ley no solo amenaza a los rehenes, sino que la legalización de la ejecución podría extenderse a toda la realidad palestina, en un momento en que Israel percibe estar por encima del derecho internacional.
Según las últimas cifras de noviembre de 2025, alrededor de 9.250 palestinos permanecen detenidos en cárceles israelíes: 3.368 bajo detención administrativa, 1.205 clasificados como combatientes ilegales, más de 350 menores y 49 mujeres, sin contar los cientos de detenidos en campos militares. Estos números revelan la magnitud de la crisis humanitaria y legal que enfrentan los rehenes, mientras el Estado israelí busca institucionalizar un instrumento de represión que va más allá de la justicia y se adentra en la legitimación de la muerte.
Abdelhalim ELAMRAOUI
