Vox ha decidido abrir un nuevo frente en su guerra cultural: la prohibición del velo integral. Lo que durante años fue un tema periférico en el discurso de la ultraderecha española se ha transformado ahora en arma legislativa, al registrar el partido una proposición de ley para vetar el uso del burka y el nicab en espacios públicos, bajo el argumento de “proteger la identidad occidental” de España. La iniciativa, que contempla multas de hasta 600 euros y penas de prisión para quienes obliguen a otras mujeres a cubrirse, colocará en una posición incómoda al Partido Popular y a Junts, que deberán definirse en un debate cargado de simbolismo y cálculo electoral.
La portavoz de Vox, Pepa Millán, presentó el proyecto en el Congreso con un discurso que mezcló feminismo instrumental y defensa civilizatoria: según ella, la medida protegerá a las mujeres que “son forzadas a taparse” y, al mismo tiempo, preservará los valores “propios de Occidente”. La referencia no es casual. Vox reproduce así el lenguaje que su líder, Santiago Abascal, comparte con figuras de la ultraderecha europea —Marine Le Pen en Francia, Geert Wilders en Países Bajos— donde la oposición al Islam se convierte en eje identitario y electoral.
El texto que ahora deberá debatirse en el Congreso no se limita a una sanción administrativa. Propone incluir en el Código Penal un nuevo tipo delictivo para quienes impongan el uso del burka mediante coacción o violencia, con penas de hasta tres años. Además, actualiza la ley de Seguridad Ciudadana para sancionar económicamente tanto a quien use estas prendas como a familiares o tutores que las impongan a menores. En su lógica, la prenda se convierte en señal visible de un conflicto cultural: o el individuo se integra en la “identidad española”, o desafía los fundamentos de la civilización occidental.
La paradoja es evidente. Vox presume de defender la libertad religiosa y el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias —rechazando, por ejemplo, la educación sexual o cívica en las escuelas—, pero ahora propone que el Estado sancione a mujeres por una práctica vinculada a su fe. Donde antes invocaba la autonomía familiar contra el intervencionismo público, ahora pide al Estado que legisle sobre el cuerpo y la vestimenta femenina.
Detrás de la maniobra hay cálculo político. En Cataluña, el partido enfrenta la competencia de Aliança Catalana, la formación ultraderechista de Sílvia Orriols, que ha construido su discurso sobre la oposición a la inmigración musulmana. Vox busca arrebatarle protagonismo adelantándose con una iniciativa que polariza y obliga a los demás a tomar postura. En un terreno donde la percepción simbólica pesa más que la letra jurídica, el efecto buscado es claro: situar a la ultraderecha como guardiana de las “raíces culturales” frente a una supuesta tibieza del resto de partidos.
Sin embargo, el debate no es nuevo. En mayo, el Parlament de Catalunya ya había rechazado una propuesta similar de Aliança Catalana con el voto en contra de socialistas, republicanos y comunes, y la abstención del PP y Vox. Pero las tensiones identitarias vuelven a intensificarse a medida que se aproximan elecciones autonómicas y generales. Junts, en pugna directa con Orriols por el electorado soberanista conservador, ya insinuó que podría adoptar restricciones similares al acceder al Gobierno catalán, abriendo así una grieta ética en el espacio liberal.
El riesgo es que la iniciativa convierta la vestimenta en un nuevo marcador de exclusión. En 2013, el Tribunal Supremo anuló la ordenanza municipal de Lleida que prohibía el burka, recordando que el derecho a la libertad religiosa solo puede limitarse por ley y que una norma así podría tener el “efecto perverso” de expulsar a las mujeres de los espacios públicos en nombre de su protección. Aun así, la ultraderecha ha reinterpretado aquel fallo como un incentivo para impulsar una ley nacional.
Vox pretende situar el debate en términos de civilización: no se trata, dice, de tela, sino de identidad. Pero detrás del eslogan subyace un dilema clásico de la democracia liberal: cómo conciliar la libertad de conciencia y la igualdad de género sin caer en la imposición cultural. En su intento de erigirse en defensor de valores universales, la formación de Abascal explora una paradoja que Europa ya conoce: usar la emancipación femenina como argumento para restringir derechos, y apelar a la seguridad como coartada para imponer uniformidad.
Mientras el Congreso se prepara para debatir la propuesta, la política española vuelve a encontrarse ante un espejo incómodo: el de una sociedad que discute menos sobre lo que las mujeres deciden vestir que sobre quién tiene el derecho de decidir por ellas.
12/11/2025
