El proyecto del avión de combate europeo de sexta generación, conocido como Scaf (Sistema de Combate Aéreo Futuro), ha abierto una nueva brecha entre París y Berlín. Alemania cuestiona el liderazgo de la francesa Dassault Aviation y deja entrever la posibilidad de continuar el desarrollo sin contar con ella. Se trata de un programa estratégico para Europa que involucra también a España, pero que atraviesa turbulencias políticas e industriales de gran calado.
El malestar se debe a la exigencia de Dassault de conservar la dirección técnica exclusiva del programa, algo que Alemania rechaza al considerarlo un esfuerzo colectivo. El debate se ha intensificado en vísperas de la segunda fase, prevista para 2026, que incluye la construcción de un demostrador con un coste estimado de 5.000 millones de euros. Eric Trappier, presidente de Dassault, defendió ante los diputados franceses la capacidad de su empresa para desarrollar sola un avión de combate de sexta generación y reprochó a sus socios la falta de reconocimiento al liderazgo francés en este campo.
El Scaf enfrenta un pulso entre dos grandes polos: Dassault Aviation por un lado, y Airbus con sus filiales alemanas y españolas por otro. Airbus recuerda su experiencia con el Eurofighter, mientras Dassault reivindica los éxitos del Rafale, un modelo que superó incluso las expectativas de su fabricante. Según el analista Jean-Marc Tanguy, la singularidad francesa reside en la capacidad de Dassault para producir un caza completo, algo que sus socios no han demostrado.
En el fondo del conflicto emerge un problema de gobernanza. Airbus teme que la posición de Dassault provoque una distribución desigual de la carga de trabajo, mientras que Francia sostiene que su condición nuclear y sus necesidades navales exigen especificidades técnicas que no comparten Alemania y España. Estas diferencias plantean dudas sobre la viabilidad de una cooperación equilibrada.
El proyecto, valorado en 100.000 millones de euros durante 20 años, depende de un financiamiento tripartito con una contribución del 33% por país. El fracaso de esta iniciativa tendría consecuencias financieras considerables, especialmente para Francia, que difícilmente podría asumir en solitario un programa de tal envergadura dadas sus cuentas públicas.
Más allá de lo económico, está en juego la capacidad militar futura. El Scaf debería entrar en servicio dentro de 15 años, cuando los Rafale empiecen a retirarse. Un retraso o la cancelación del programa pondría en riesgo la renovación de la flota francesa y reflejaría, una vez más, las dificultades recurrentes de la cooperación militar europea, marcadas por ejemplos como el Eurodrone o el propio Eurofighter.
30/09/2025
