El sábado 4 de octubre, miles de ciudadanos salieron a las calles de Madrid, Valencia y Barcelona para expresar su apoyo al pueblo palestino y denunciar la detención de los pasajeros de la Flotilla “Sumud”, que se dirigían a Gaza y fueron retenidos por las autoridades israelíes. Según datos oficiales, la movilización congregó aproximadamente 92.000 personas en Madrid, 10.000 en Valencia y 70.000 en Barcelona, cifras que reflejan la magnitud del movimiento de solidaridad.
En Madrid, la marcha se vio empañada por enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que interrumpieron el desarrollo de la protesta. En Barcelona, los Mossos d’Esquadra hicieron uso de gas pimienta para contener a los concentrados, mientras que la Policía Nacional recurrió a golpes de porra, gases lacrimógenos y disparos de salva para dispersar a la multitud, provocando escenas de caos y tensión.
Estos incidentes ponen de relieve las dificultades en la gestión de manifestaciones masivas, especialmente cuando las reivindicaciones políticas se cruzan con la seguridad pública. La actuación de los cuerpos policiales ha generado debate sobre el equilibrio entre el derecho a la protesta y los métodos de control del orden, así como sobre la proporcionalidad de la fuerza empleada frente a concentraciones que, en su mayoría, eran pacíficas.
Videos difundidos posteriormente documentan la intensidad de los enfrentamientos en Madrid y Barcelona, mostrando la crudeza de las intervenciones y las resistencias de los manifestantes. Este contexto subraya la necesidad de protocolos más claros y medidas preventivas que garanticen tanto la seguridad de la ciudadanía como el respeto a la libertad de expresión.
05/10/2025
