El episodio vivido esta semana en el Mediterráneo, con el asalto de la marina israelí a la flotilla Global Sumud, no es solamente un choque en alta mar: es un espejo de las tensiones entre fuerza y legalidad en el conflicto palestino-israelí. La operación tuvo lugar a 70 millas de la costa, en aguas internacionales, donde rige sin ambigüedad el principio de libre navegación. El hecho de que el abordaje se produjera en ese espacio ha llevado a juristas a calificarlo de “acto ilegal”. Sin embargo, transformar la ilegalidad en sanción internacional se presenta, como tantas veces en este conflicto, en una ecuación con demasiadas incógnitas.
Un mar de normas y excepciones
El derecho internacional del mar establece que cada Estado solo ejerce soberanía hasta 12 millas de su costa, y más allá de esa frontera todos los buques deben poder navegar con libertad. Incluso en esas 12 millas iniciales opera un principio básico: el “paso inocente”, es decir, el derecho de cualquier nave a transitar siempre que no amenace la seguridad del país ribereño.
Israel sostiene, sin embargo, que su bloqueo naval a Gaza es legal y lo respalda en el Manual de San Remo de 1994, que permite en situación de conflicto bloquear accesos marítimos para impedir la entrada de armas. Pero el argumento tropieza con un obstáculo esencial: la Global Sumud llevaba ayuda humanitaria, no material bélico. Dicho de otro modo, el pretexto defensivo choca con la evidencia del propósito de la flotilla.
La zona de exclusión: línea impuesta, no reconocida
Desde 2009, Israel aplica unilateralmente una “zona de exclusión marítima” que extiende hasta 150 millas su control frente a Gaza. Esta decisión carece de respaldo jurídico internacional, pero la mayoría de gobiernos han optado por aceptar el hecho consumado, en nombre de la prudencia diplomática y la voluntad de evitar escaladas. Esa aceptación pasiva le otorga a Israel un poder fáctico que excede lo que la ley del mar reconoce.
Aquí es donde la realidad política erosiona las normas: mientras la ONU, organismos de derechos humanos y expertos en derecho marítimo señalan la ilegalidad de esa exclusión, en la práctica pocos Estados se han atrevido a desafiarla de manera directa.
La paradoja de la justicia internacional
¿Cabe sancionar legalmente a Israel por esta actuación? El camino está sembrado de obstáculos. Israel no reconoce la jurisdicción del Tribunal Internacional del Mar ni de la Corte Penal Internacional. Solo ante el Tribunal Internacional de Justicia —del que es parte por la Convención contra el Genocidio— existen procesos abiertos, pero centrados en cuestiones más graves, como acusaciones de genocidio, no en incidentes marítimos.
Algunos juristas sostienen que miembros de la flotilla podrían denunciar detenciones ilegales ante tribunales israelíes o actuar mediante protección diplomática de sus Estados. Otros argumentan que, aunque sea difícil, todavía cabría presentar demanda en La Haya alegando violación de normas consuetudinarias del derecho marítimo, ya que Israel ha invocado ese mismo marco en litigios con otros países.
Gaza y el dilema de la soberanía
Lo ocurrido con la flotilla ilustra un trasfondo más profundo: mientras Palestina no sea plenamente reconocida como Estado soberano, Israel mantendrá su control sobre aguas que jurídicamente no le corresponden. Si algún día ese Estado palestino se materializa con reconocimiento efectivo, no habría lugar a dudas: las 12 millas costeras frente a Gaza corresponderían a Palestina, no a Israel.
Un bloqueo que trasciende lo naval
El bloqueo israelí no solo impide la navegación: restringe también la entrada de alimentos, medicinas y suministros básicos a la Franja, lo cual evidencia el impacto directo sobre la población civil. Ahí es donde los debates jurídicos se cruzan con la realidad humanitaria.
En definitiva, el asalto a la flotilla Global Sumud refleja una paradoja recurrente en las relaciones internacionales: cuando la fuerza de los hechos supera la debilidad de las leyes, la justicia se vuelve un horizonte distante. Israel ha vuelto a mover ficha en ese tablero donde las aguas del Mediterráneo son tanto escenario bélico como campo de batalla jurídico, y donde, una vez más, la comunidad internacional se enfrenta a la pregunta incómoda de hasta dónde está dispuesta a defender sus propias normas.
03/10/2025
