Según fuentes españolas, la Fiscalía española ha solicitado penas de hasta 18 años de prisión para los exdiputados del Partido Popular Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, acusados de liderar una red de corrupción internacional que afectó proyectos de infraestructura estratégicos en Argelia. El caso, que comenzó a destaparse en 2015, se ha convertido en uno de los más complejos de la justicia española en materia de corrupción internacional, con investigaciones que se extendieron casi una década y abarcó múltiples jurisdicciones.
Los proyectos involucrados incluyen la planta desaladora de agua en Souk Tleta, en Tlemcen, y la primera fase del tranvía de Ouargla, con un valor conjunto superior a los 480 millones de euros. Según la investigación, ambos exdiputados operaban a través de su despacho de consultoría «Voltar Lassen», fungiendo como intermediarios para asegurar contratos a grandes empresas españolas como Elecnor y Assignia, a cambio de comisiones secretas transferidas mediante complejas estructuras financieras en Suiza, Países Bajos, Dubái y las Islas Vírgenes Británicas.
La investigación también identificó la participación de varias figuras argelinas de alto perfil, entre ellos el exdirector general de energía Abdelaziz Nattouri, el responsable del proyecto del tranvía Ismail Quresh y un traductor que trabajó en la presidencia argelina, Zine Hashishi. Se documentaron transferencias millonarias y compras de propiedades de lujo en Europa que podrían haberse financiado con los sobornos obtenidos.
Además de los exdiputados, hay 21 personas imputadas, entre comisionistas, directivos de empresas y gestores financieros en distintos países, acusadas de cohecho, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. De acuerdo con El Diario, el caso evidencia “graves deficiencias en los sistemas de control interno de las empresas involucradas”, algunas de las cuales enfrentan multas superiores a los 36 millones de euros.
A pesar de la magnitud de las pruebas recopiladas por el juzgado español, las autoridades argelinas no han abierto investigaciones paralelas, generando críticas en la opinión pública local que ve cómo proyectos destinados al bienestar social se convirtieron en instrumentos de enriquecimiento ilícito.
El juicio, ya en fase oral, se perfila como un precedente relevante en la lucha contra la corrupción transnacional, evidenciando la vulnerabilidad de los proyectos de infraestructura ante redes de soborno y la importancia de una supervisión internacional más rigurosa.
29/09/2025
