La normalidad de una mañana de trabajo se rompió el pasado 18 de septiembre en la redacción del medio digital marroquí Barlamane.com. Una comisión de trece funcionarios de la prefectura de Rabat, respaldada por agentes de la fuerza pública, se presentó en sus oficinas del barrio de Agdal con la intención de irrumpir en las instalaciones. Lo que podría parecer una simple inspección administrativa se ha convertido, según la dirección del medio, en un claro acto de represalia política y un preocupante precedente para la libertad de prensa en el país.
Los hechos, según narra la dirección del portal, comenzaron dos días antes con una visita sorpresa de un responsable de la autoridad local (Caíd). Los funcionarios inspeccionaron unas obras menores de pintura en el interior de la oficina, constataron que no había ninguna irregularidad, y se marcharon tras ofrecer disculpas por las molestias.
Sin embargo, la situación escaló drásticamente el jueves por la mañana. La nueva comitiva, mucho más numerosa y con presencia policial, intentó acceder a la fuerza. La dirección de Barlamane.com se negó a permitir la entrada sin una orden judicial, obligando a los funcionarios a obtener una autorización del fiscal. Según el medio, dicha autorización se consiguió con información «engañosa», describiendo la sede de la empresa como una «vivienda» y alegando «infracciones» que nunca fueron verificadas sobre el terreno.
Una vez dentro, el resultado del operativo fue la incautación de herramientas básicas de pintura: un destornillador eléctrico, dos maletines con brochas, un nivel láser y sacos de yeso. Además, la comisión emitió una orden verbal para detener los trabajos de pintura, una medida que, según los abogados del medio, carece de base legal y genera pérdidas económicas.
La desproporción del despliegue —comparado por los afectados con una operación contra una construcción ilegal en dominio público— es lo que alimenta la sospecha de que el verdadero objetivo no eran las paredes de la oficina, sino el contenido que se produce dentro de ellas.
Aquí es donde el caso adquiere una dimensión política. La dirección de Barlamane.com traza una línea directa entre esta incursión y su trabajo periodístico, en particular el de su programa de investigación «Dirha Gha Zwina». En las últimas semanas, el programa había publicado reportajes muy críticos con la gestión del Ministerio del Interior, dirigido por Abdelouafi Laftit.
Las investigaciones del portal abordaron temas sensibles como el cese de altos cargos (gobernadores y funcionarios), el presunto uso indebido de residencias oficiales, y la polémica gestión de las tierras colectivas y los contratos públicos. El medio asegura que su trabajo «puso el dedo en la llaga», incomodando a altas esferas del poder.
Desde la perspectiva de Barlamane.com, la redada no es un asunto urbanístico, sino una respuesta «vengativa y personal» del ministro Laftit, diseñada para silenciar una voz crítica y enviar una advertencia al resto de la prensa. Se trata de un pulso entre un aparato estatal sensible a la crítica y un medio que reivindica su derecho a fiscalizar el poder.
El incidente, más allá de la anécdota de las brochas confiscadas, se convierte así en un termómetro para medir la temperatura de la libertad de prensa en Marruecos. Mientras la dirección del portal afirma que continuará con su línea editorial y que emprenderá acciones legales, el caso deja una pregunta en el aire: ¿fue una inspección rutinaria que se salió de control o una calculada maniobra para recordar a los periodistas cuáles son las líneas rojas que no deben cruzar? La respuesta determinará mucho más que el futuro de una redacción.
22/09/2025
