Las cifras oficiales publicadas por el Ejército israelí sobre el desplazamiento de la población en Gaza han vuelto a abrir un debate sobre la brecha entre el discurso oficial y los reportes de organizaciones internacionales. Según el portavoz militar Avichay Adraee, más de 250.000 habitantes habrían abandonado la ciudad de Gaza desde el inicio de la operación para ocupar la capital del enclave. Sin embargo, este dato contrasta con los registros de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que cifran en poco más de 122.000 los movimientos de población desde mediados de agosto, con un 60 % en dirección al sur.
El gobierno israelí insiste en que los desplazamientos responden a «medidas de seguridad» y anima a la población a concentrarse en la zona de Al Mawasi, declarada como “área humanitaria”. Pero testimonios recogidos por periodistas en sitio apuntan a otra realidad. Una donde esa misma área recomendada ha sido blanco de bombardeos y padece una aguda escasez de agua y alimentos, lo que cuestiona la veracidad de los argumentos israelíes sobre la seguridad de los civiles. Para las ONG y agencias internacionales, los desplazamientos son forzados ante el constante bombardeo de campamentos, escuelas que actúan como refugios, y otros sitios que se han convertido en asentamientos temporales, lo que podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.
La falta de acceso para la prensa extranjera impide verificar de manera independiente los datos presentados por Israel. Esa opacidad alimenta la discrepancia entre la narrativa oficial y la percepción de las organizaciones humanitarias, que denuncian no solo la magnitud del éxodo interno, sino también la imposibilidad de garantizar refugios seguros para una población que ya supera los 1,6 millones de personas en situación de hambre, con más de medio millón en niveles críticos de privación alimentaria.
Mientras tanto, los bombardeos continúan con consecuencias letales. Desde el jueves 11 de setiembre al sábado 13, se han registrado al menos 56 muertes, según fuentes médicas locales, la mayoría en la propia ciudad de Gaza. Las organizaciones de ayuda humanitaria y observadores internacionales aseguran que los gazatíes no tienen donde huir para estar seguros y además carecen de todos los medios para sobrevivir.
Es así como el contraste entre los reportes oficiales israelíes y las cifras de organismos internacionales, minimiza el drama humanitario y diluye las acusaciones de que la ofensiva constituye una estrategia de expulsión deliberada. La Corte Internacional de Justicia mantiene abierta una investigación por genocidio, a petición de Sudáfrica, que se nutre precisamente de este tipo de prácticas. La insistencia israelí en presentar los desplazamientos como decisiones voluntarias busca desactivar ese frente jurídico, aunque los datos de la ONU y el testimonio de los gazatíes apunten en sentido contrario.
A su vez, la comunidad internacional está ya dejando de seguir el discurso israelí y pierde cada vez más la paciencia ante las justificaciones del primer ministro, Netanyahu. Muestra de ello fue lo sucedido este viernes ante a Asamblea General de la ONU, cuando se aprobó con 142 votos a favor una resolución que insta a avanzar hacia una solución de dos Estados. Aunque simbólica y no vinculante, la resolución refleja el creciente aislamiento de Israel en la arena internacional. A pesar de que insisten en mostrar cifras y relatos que distan de la realidad que se ve en todo el mundo a diario sobre lo que ocurre minuto a minuto en la Franja de Gaza.
13/09/2025
