En un veredicto que resonará por décadas en los anales de la democracia latinoamericana, la Corte Suprema de Brasil dictaminó este jueves la culpabilidad de Jair Bolsonaro, el expresidente de ultraderecha, por intento de golpe de Estado. La sentencia, de 27 años y tres meses de prisión, no es un mero número; es la culminación de un proceso histórico que pone a prueba los cimientos institucionales del gigante sudamericano y desata una crisis diplomática sin precedentes con la primera potencia mundial.
El fallo de la máxima instancia judicial brasileña encontró a Bolsonaro responsable de orquestar una «organización criminal» diseñada para impedir el retorno al poder del actual presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022. La mayoría de los jueces, con una votación de 4 a 1, coincidieron en que el exmandatario buscó subvertir el orden constitucional, propiciando un «mantenimiento autoritario en el poder» a pesar de su derrota en las urnas. El juez Cristiano Zanin, el último en pronunciarse, selló el destino de Bolsonaro al estimar su participación en una «organización criminal armada».
La condena convierte a Bolsonaro en el primer exjefe de Estado en la historia reciente de Brasil en enfrentar acusaciones de esta magnitud, un hecho que reabre las heridas de una nación todavía marcada por el recuerdo de la dictadura militar (1964-1985). Inelegible hasta 2030 y bajo arresto domiciliario en Brasilia desde principios de agosto por sospechas de obstrucción procesal, el expresidente no estuvo presente en las audiencias, alegando razones de salud.
Reacciones: Entre la «persecución suprema» y la «justicia retributiva»
La sentencia ha polarizado aún más a un país ya profundamente dividido. Desde el entorno de Bolsonaro, las reacciones no se hicieron esperar. Flavio Bolsonaro, hijo mayor del exmandatario, fulminó el veredicto en la red social X, tildándolo de «suprema persecución» y sugiriendo que «todos conocían el resultado antes incluso de que comenzara» el proceso. La defensa, por su parte, anunció de inmediato que interpondrá «recursos apropiados, incluso a nivel internacional», denunciando que las penas impuestas son «increíblemente excesivas y desproporcionadas». Esta declaración, emitida por Fabio Wajngarten, colaborador del expresidente, anticipa una batalla legal que promete ser tan prolongada como compleja.
En la vereda opuesta, el presidente Lula da Silva reafirmó su postura, declarando a un medio local que «Bolsonaro intentó dar un golpe de Estado en este país» y que existen «decenas, cientos de pruebas» que lo avalan. La sociedad brasileña, mientras tanto, observa con una mezcla de alivio y aprensión el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que este capítulo definirá en gran medida la resiliencia de su joven democracia.
El voto disidente y el resquicio de la duda
A pesar de la contundencia del fallo, la narrativa no fue monolítica. El magistrado Luiz Fux se erigió como la voz disidente, votando por la absolución de Bolsonaro tras una exposición de más de once horas. Fux desmanteló el expediente, argumentando una «falta de pruebas» y estimando que el complot nunca superó la «fase preparatoria». Su voto, aunque insuficiente para alterar el resultado final, ofrece un resquicio para la narrativa de la defensa y, como señaló el diputado bolsonarista Luiz Lima, «influirá en la historia». Este matiz es crucial para el análisis, pues subraya la complejidad legal y política del caso, evitando una simplificación que no haría justicia a la magnitud del juicio.
La pulseada transatlántica: Washington vs. Brasilia
Pero la repercusión más inesperada y grave de esta condena se ha manifestado en una escalada de tensión diplomática con Estados Unidos. El presidente Donald Trump, aliado ideológico de Bolsonaro, no dudó en calificar la condena de «muy sorprendente» y había impuesto previamente una sobretasa punitiva del 50% a una parte significativa de las exportaciones brasileñas, denunciando una «caza de brujas» contra su par de ultraderecha.
Washington no se limitó a las declaraciones. Tras el anuncio de la sentencia, el secretario de Estado Marco Rubio prometió «responder en consecuencia» a esta condena «injusta», anunciando represalias. Las acciones ya han tomado forma: la Casa Blanca ha cancelado las visas de varios jueces de la Corte Suprema brasileña y ha impuesto sanciones financieras directas a uno de ellos, Alexandre de Moraes, relator clave en el juicio de Bolsonaro.
La respuesta de Brasilia fue igualmente firme. El gobierno brasileño declaró que no se dejará «intimidar» por las «amenazas» de Estados Unidos, marcando el inicio de lo que podría ser una de las crisis bilaterales más profundas entre ambas naciones en décadas. La condena a Bolsonaro, por tanto, trasciende las fronteras de Brasil, transformándose en un campo de batalla geopolítico donde se dirimen no solo el futuro de una figura política, sino también el alcance de la soberanía judicial y las intrincadas alianzas ideológicas que reconfiguran el orden mundial.
Este veredicto no es el final de un proceso, sino el inicio de una nueva fase. Una fase donde Brasil, con sus instituciones bajo un escrutinio global sin precedentes, deberá navegar aguas turbulentas, demostrando la solidez de su Estado de derecho frente a presiones internas y externas que amenazan con desestabilizar la región entera. El espejo de la justicia brasileña, hoy, refleja desafíos que van mucho más allá de las fronteras nacionales.
12/09/2025
