El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, junto con varios miembros de su Gabinete, se encuentran bajo investigación de la Fiscalía portuguesa debido a supuestas acciones ilegales que implican prevaricación, corrupción activa y pasiva, así como tráfico de influencias, relacionadas con comercialización de litio e hidrógeno.
Con esto, Costa, ha decidido presentar su renuncia hace apenas unas horas, justo después de que la Fiscalía portuguesa llevara a cabo un registro a los espacios utilizados por el jefe de su Gabinete, y de que se haya mencionado su implicación directa por «desbloquear procedimientos».
«Las funciones de primer ministro no son compatibles con ninguna sospecha sobre mi integridad. En estas circunstancias, he presentado mi dimisión al Presidente de la República», afirmó el primer ministro. «En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República», añadió en una intervención televisada, justificando que su cargo no puede ser compatible con ningún tipo de sospecha.
La investigación en sí, se enfoca en concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, ubicadas en el norte del país, así como en un proyecto para la generación de energía a partir de hidrógeno en Sines.
Así pues, la Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos administradores de la empresa «Start Campus».
Todos los registros autorizados se están llevando a cabo minuciosamente con la colaboración de diferentes cuerpos de seguridad del país. Un total de 17 fiscales portugueses, tres jueces, dos representantes del Colegio de Abogados, alrededor de 145 agentes de la PSP y nueve de la Autoridad Tributaria están participando en esta operación.
07-11-2023
